El decreto obligará a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir sobre las centrales de generación de electricidad los costes de gas que no soportan, un importe que el Ejecutivo estima en 2.600 millones de euros.

La minoración de los denominados 'beneficios caídos del cuelo' no será permanente, sino que se mantendrá hasta marzo de 2022, momento en el que el Gobierno espera que concluya el actual 'rally' en el precio del gas. Así, el Ejecutivo incide en que se trata de una medida temporal y extraordinaria para amortiguar una situación "excepcional y sin precedentes".

No obstante, el texto limita el efecto que esta medida tendrá en las comercializadoras, ya que solo tendrán en cuenta los beneficios por encima de los 20 euros/MWh -que es el precio medio del gas en los últimos años- y sólo se detraerá el 90% de los ingresos extraordinarios.

Durante estos seis meses, el sistema calculará cuál es el importe que el resto de energías más baratas asumen de la energía más cara, es decir, del gas, y las compañías eléctricas lo tendrán que devolver a un fondo gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo encargado de trasladar este recurso financiero adicional a la factura de la luz para reducir cargos.

Reducción de impuestos

Otras de las grandes medidas incluidas en este decreto es la rebaja al 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad -actualmente en el 5,1%-, que es el mínimo permitido por la regulación comunitaria. Al ser un impuesto cedido a las comunidades autónomas, el Ejecutivo analizará el impacto sobre los recursos de financiación autonómica para ver si es necesaria la aplicación de medidas compensatorias.

En materia de impuestos la norma también prolonga hasta fin de año la suspensión del Impuesto sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica, que normalmente grava con un 7% a la generación, y se ha aumentado en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de CO2 destinada a cubrir costes del sistema eléctrico, hasta los 2.000 millones durante el ejercicio.

Asimismo, el decreto limita la tarifa regulada de gas natural con un tope de alrededor del 5% durante cada uno de los dos siguientes trimestres, e incentiva las subastas de compra de energía a largo plazo, un mercado que está sin desarrollar en España.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobará un calendario para estas subastas y la primera tendrá lugar antes de que acabe el año. Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP ofertarán 15.830 GWh, equivalentes al 6,3% de la demanda eléctrica nacional en 2020.

Se prohíben los cortes por impago

Respecto a la vertiente social, el decreto crea un suministro mínimo vital para consumidores vulnerables con Bono Social Eléctrico que permitirá extender durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes la prohibición de interrumpir el servicio por impago, garantizando una potencia mínima de 3,5 kW durante ese periodo.

Asimismo, la norma modifica el texto refundido de ley de aguas para fijar nuevas variables y reservas mínimas almacenadas con el fin de evitar impactos indeseados en medio ambiente, al tiempo que se considera el desarrollo de actividades económicas sostenibles ligadas a dinamización de los municipios.

Todas estas medidas se suman a la actual reducción del IVA en vigor desde junio, que pasó a ser del 21% al 10%. El objetivo último del Gobierno es abaratar el recibo de la luz para los consumidores, de forma que en 2021 se pague, como mucho, lo mismo que se pagó en 2018, unos 600 euros anuales para un consumidor medio.

Así, el Gobierno calcula que este plan de choque permitirá rebajar en una horquilla que abarca desde el 47,2% (para los hogares) hasta el 24,5% (para la industria) la parte regulada de las facturas, porcentaje al que luego se le suma la menor presión fiscal por los tres impuestos modificados.