El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, hizo entrega este miércoles en Bruselas de una declaración conjunta de las comunidades autónomas y ciudades españolas sobre la protección de las indicaciones geográficas industriales y artesanales al presidente del Comité europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas.

García-Page entregó el documento de tres páginas a Tzitzikostas en el edificio Carlomagno de la Comisión Europea, aprovechando su presencia en la Semana de las Regiones y las Ciudades y su participación en el plenario del Comité de las Regiones.

Impulsada por el Gobierno de Castilla-la Mancha, la iniciativa pide que la protección a nivel comunitario que se atribuye a ciertos productos alimentarios a través de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) se extienda a los productos industriales y artesanales, para evitar que se comercialicen copias haciéndose pasar por los originales.

Se trata de una posición conjunta de todas las comunidades autónomas para pedir a Bruselas una mayor seguridad jurídica para productores y consumidores, el reconocimiento del valor añadido del producto y mayores beneficios para el turismo, el comercio y la promoción del territorio.

Posición común

Esta declaración se sumará a la postura común que aprobarán este miércoles las regiones de la Unión Europea en el pleno del Comité de las Regiones, que prevé expresar su apoyo a la ampliación de la protección de las indicaciones geográficas a los productos industriales y artesanales en toda la UE.

En el documento, las comunidades autónomas solicitan que el Gobierno de España "establezca un canal de interlocución permanente, a través de un grupo de trabajo bilateral entre la Administración estatal y las administraciones regionales, al objeto de apoyar y reforzar los esfuerzos de negociación durante todo el ciclo de vida del expediente legislativo de la futura normativa europea en materia de Indicaciones Geográficas Industriales y Artesanales (IGIA), cuyo borrador se espera se publique a principios del año 2022".

Asimismo, la delegación española ante el Comité europeo de las Regiones pide que se cuente "con la experiencia y conocimiento en este ámbito de las regiones y municipios, y los sectores potencialmente afectados por esta nueva figura de protección desde un punto de vista de protección de la innovación, internacionalización y promoción de nuestra marca como sello de calidad".

Demanda, igualmente, que "este punto de vista sea integrado en la posición española en el marco de las negociaciones a nivel del Consejo de Ministros de la Unión Europea".

Calidad, cultura y tradiciones

En su declaración conjunta, la delegación española considera que los productos españoles no agroalimentarios, especialmente en el ámbito artesanal e industrial, representan la calidad, tradiciones y cultura del país, además de una fuente de riqueza para las regiones y municipios, así como una manera de preservar y fortalecer el arraigo al territorio.

Destaca que los productos susceptibles de acogerse a la protección que confieren las indicaciones geográficas son producidos principalmente por pequeñas y medianas empresas, así como microempresas, que se ven amenazadas por la relocalización, la falta de capacidades y la competencia desleal.

Por ello, afirma que el reconocimiento y la protección jurídica de los productos industriales y artesanales bajo la figura de las IGIA en el marco europeo supondría una garantía para estos sectores, frente a las falsificaciones y la competencia desleal, permitiendo que puedan competir en condiciones de igualdad, en mercados globales más allá del Espacio Económico Europeo.

La delegación española mantiene que la protección de estos productos conllevaría asimismo el mantenimiento del saber hacer y de los oficios de carácter tradicional, la creación de empleo, el aumento de beneficios económicos y la potenciación del turismo y la vida social y cultural de las zonas rurales, lo que supondría un revulsivo para su revitalización y el anclaje territorial.

Asimismo, añade, entre otros argumentos, que la regulación europea común aportaría seguridad jurídica a los consumidores, que podrán reconocer y valorar los productos a través del distintivo de calidad que informe sin ninguna duda del valor y autenticidad del producto, así como de su origen.