La Federación Empresarial Toledana (Fedeto), que preside Javier de Antonio Arribas, ha hecho público un manifiesto en el que muestra su total rechazo a la amnistía pactada por Pedro Sánchez con los independentistas y defiende la Constitución como norma de convivencia entre los españoles. El manifiesto considera que la ley de amnistía es "inconstitucional" y denuncia que "es un abuso de poder el control del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial".
Por su interés y actualidad, reproducimos íntegramente el manifiesto de Fedeto sobre el momento que vive en España:
MANIFIESTO
"El pacto fundacional de la democracia española es la Constitución.
La Constitución identifica a España como Estado social y democrático de Derecho, que exige respetar valores superiores, como la justicia y la igualdad, y que establece la división de poderes, precisamente, para prohibir y castigar la arbitrariedad y el abuso de poder.
Es arbitrario dictar en el pasado una medida de gracia considerando que la amnistía es inconstitucional y aprobar una ley de amnistía por considerar, hoy, justo lo contrario.
Es un abuso de poder el control del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Una mayoría parlamentaria puede ser suficiente para sentar las bases de ese control, pero no para legitimarlo, porque tal control es incompatible con nuestra Constitución.
La igualdad de todos los españoles ante la ley es seña de identidad del pacto fundacional de la democracia española. Sólo ciertos matices permiten al Poder Legislativo aplicar el principio de discriminación positiva y no hay nada que justifique un supremo acto de discriminación positiva, como es la amnistía, frente a quienes han cometido delitos como la prevaricación, la desobediencia, la usurpación, el desorden, el atentado o actos de terror, porque son delitos que se perpetraron no con una finalidad política, sino con el objetivo de romper el pacto fundacional de la democracia española. Además, esos delitos jamás pueden alcanzar legitimación porque la violencia intrínseca a ellos deslegitima a quienes la ejercen, incluso, si defendieran los principios y valores más elevados.
Que el Tribunal Constitucional tenga sesgo político intensifica el grave problema de desconfianza en las instituciones españolas. Por eso, su, más que previsible, convalidación de la ley será considerada por la sociedad como una extensión del interés del Poder Ejecutivo.
Todos estos acontecimientos revisten tal gravedad que, sin duda, están generando pérdida de credibilidad de España y de todo lo que se vincula a su imagen como país, incluidas las empresas españolas, comprometiendo la actividad económica de éstas y el crecimiento económico del país.
Además de todo lo expuesto, Fedeto está de acuerdo en el manifiesto de CEOE y CECAM que consideran que los acuerdos para la investidura atentan contra el diálogo social y la unidad fiscal, distorsionan la unidad del mercado interior y constituyen una intromisión en el principio de libertad de empresa".