Castilla-La Mancha cuenta en la actualidad con unos 1.880 apartamentos y viviendas de uso turístico, un dato que para la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, no supone "un problema de tensión" en este mercado regional.

A preguntas de los medios, la consejera ha recordado que ya en 2018 el Gobierno regional estableció "las reglas del juego" para este sector con la publicación de un decreto mediante el cual se creó el registro de viviendas y apartamentos de uso turístico, dando un plazo de dos años a los propietarios para su registro.

En este sentido, ha concretado que la región tiene en la actualidad registradas en torno a 1.500 viviendas de uso turístico y unos 380 apartamentos de uso turístico. "No vemos en Castilla-La Mancha un problema de tensión en nuestro mercado turístico y en el mercado de la vivienda", ha manifestado la consejera.

Fortalecer el sector

No obstante, ha apuntado que las decisiones que vayan encaminadas a fortalecer el mercado regional del turismo y también a garantizar la vivienda para las personas en aquellas ciudades o en barrios que están "mucho más tensionados", son "bienvenidas". "Pero, sinceramente, creo que en nuestra Comunidad Autónoma, hoy por hoy, no tenemos ese problema", ha reiterado.

Así, además del trabajo con el registro de viviendas y apartamentos de uso turístico, la Consejería también está abordando con el Ministerio de Turismo la consecución de un reglamento europeo "de muy reciente puesta en marcha", que va a tener su traslación al ámbito estatal.

"Estamos colaborando desde las comunidades autónomas con el Ministerio de Turismo en la creación de una plataforma que nos permita avanzar en ese reglamento europeo para tener un registro de viviendas de uso turístico y apartamentos de corta estancia, que se regule también mediante el registro a nivel nacional y que nos permita también compartir la información", ha argumentado.

A ello ha sumado que la Junta está también trabajando con las empresas del sector privado, como Booking, para establecer, a través de los inspectores turísticos regionales, qué viviendas que están subidas a plataformas y cuáles no están cumpliendo con las garantías legislativas necesarias.