El Consejo de Gobierno ha aprobado una orden de ayudas para la transformación y modernización de regadíos en 2019 por importe de 29 millones de euros.



El portavoz de la Junta, Nacho Hernando, en rueda de prensa, ha destacado que el objetivo es impulsar una industria que supone ya el 35 por ciento de las exportaciones, "más de uno de cada tres euros facturados al exterior".



Las subvenciones servirán para ayudar a las comunidades de regantes a acometer las inversiones necesarias para hacer un uso eficiente del agua.



Entre estas inversiones, destacan las infraestructuras de riego para evitar o reducir pérdidas de agua y mejorar su eficiencia energética, la informatización y automatización de las instalaciones de riego y las actuaciones relacionadas con la captación, bombeo, gestión, medición y control de agua.



La cuantía de las ayudas oscilará, según la superficie de la zona regable, entre los 6.000 y los 12.000 euros para transformación, y los 6.000 y los 9.000 para modernización de los regadíos ya existentes.



Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado un convenio entre el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para el impulso de la investigación y experimentación en materia agrícola.



A través de este convenio, ambos centros colaborarán en la realización de 16 proyectos de transferencia de tecnología en ciencias agrarias y conservación de recursos naturales en la finca experimental ‘La Higueruela’, dependiente del CSIC y ubicada en el término municipal de Santa Olalla (Toledo).



El portavoz del Ejecutivo autonómico ha explicado que la aportación del IRIAF a este convenio asciende a una cantidad de 82.000 euros que servirán para sufragar los costes de mantenimiento de dichos proyectos y que se distribuirán en cuatro anualidades.



Asimismo, el Gobierno regional ha autorizado un gasto de 1,4 millones de euros para la contratación de la realización de los proyectos de ordenación de los montes gestionados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo.



La Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha establece la obligatoriedad de disponer de esta herramienta de planificación en todos aquellos montes gestionados por la Administración “para garantizar la gestión sostenible de éstos preservando el valor ambiental de nuestros ecosistemas forestales”, ha subrayado Hernando.