El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha apostado este domingo por que la próxima Política Agraria Común (PAC) beneficie a los trabajadores del campo.



En un artículo publicado en el su blog 'Ruralsiglo21.org' consultado este domingo por Efe, Martínez Arroyo ha reflexionado sobre las decisiones de calado que se deben tomar entre todos para una aplicación justa de la PAC en España.



En este sentido, ha señalado que es necesario mantener un número alto de perceptores de la PAC que fortalezca la estructura del sector, al mismo tiempo que se prioriza a los agricultores y ganaderos profesionales.



Para ello, ha comentado, se puede establecer una ayuda base para todos y ofrecer a los pequeños y medianos agricultores profesionales que invierten en el sector, viven en los pueblos y generan riqueza y empleo, la posibilidad de recibir un pago extra, el redistributivo, y beneficiarse de los ecoesquemas, que deben premiar compromisos medioambientales extras, en sectores concretos.



Y para que haya un pago redistributivo suficiente, ha comentado, "hay que aplicar un techo de las ayudas por explotación, que permita recaudar fondos suficientes para financiar dicho pago redistributivo".



Al establecer el techo de ayudas por explotación, ha apuntado, "es donde hay que tener en cuenta a los asalariados del campo, que deben estar presentes en esta reforma de la PAC", tal y como ya planteó Castilla-La Mancha en el documento de posición enviado al Ministerio de Agricultura y a la Comisión Europea, en marzo de 2018.



En este sentido, ha apuntado que "sin definir todavía", se podría aventurar un techo de ayudas por explotación entre 60.000 y 100.000 euros, que podría superarse en caso de que se cree empleo en la explotación, de tal forma, que si se tiene derecho a ayudas por encima del techo que se establezca, se podría incrementar ésta en la cuantía de todos los costes laborales que asuma la explotación agraria, hasta el límite de ayudas a las que tenga derecho".



Para ello, ha comentado, "es muy importante establecer un techo de ayudas por explotación", cuestión que en la PAC actual no quiso aplicar en España el entonces ministro, Miguel Arias Cañete, lo que, en su opinión, "sin duda, ha contribuido a deslegitimar esta política".



Martínez Arroyo insiste en que parece razonable limitar las ayudas a las grandes explotaciones, muchas de ellas de titularidad ajena a la agricultura, haciendo una mejor gestión de los recursos públicos, aumentando el pago redistributivo a repartir entre los profesionales, y fomentando el empleo agrario, el de los trabajadores o asalariados del campo.



Un elemento clave a considerar es convencer a la sociedad de la importancia de la PAC, de la necesidad de contar con un presupuesto suficiente para alcanzar los objetivos en seguridad alimentaria y conservación del medio ambiente y el territorio, que se piden a los agricultores y ganaderos.



Para ello, ha apuntado, "establecer un techo por explotación, es prioritario" y este debe ser relativamente bajo (mejor 60.000 que 100.000 euros), para poder recaudar más fondos para el pago redistributivo y permitir que se repercutan los costes laborales.



De esta forma, ha dicho, "no solo se incentiva el empleo agrario, si no que se apuesta por el empleo de calidad, con salarios más altos".