El Congreso vota este jueves unas medidas que pueden ser vitales para el campo de Castilla-La Mancha

El Pleno del Congreso vota este jueves los decretos ley con las primeras medidas de urgencia del Gobierno para afrontar la crisis del sector agroalimentario y el que contiene la derogación del despido objetivo con baja médica.Estas medidas están ya en vigor, pero conforme a la Constitución deben someterse a debate y votación en el Pleno del Congreso para su convalidación o, en caso contrario, su derogación.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defenderá el decreto con el que busca garantizar precios justos a los productores, que cubran los precios de producción y eliminar la 'venta a pérdidas'.La modificación de la Ley de la cadena alimentaria contempla como principal novedad la obligación de los operadores del mercado de abonar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción del producto. Este coste de producción debe incluirse como elemento mínimo en los contratos.

También se previene que el operador que realice la venta final del producto al consumidor pueda repercutir a ningún operador anterior su riesgo empresarial derivado de su política comercial y se prevé la publicidad de infracciones graves y muy graves, con fines disuasorios pero también punitivos.

Despido por bajas justificadas

A la tribuna de oradores también se subirá la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que defenderá la derogación del artículo del Estatuto de los Trabajadores que permitía al empresario el despido objetivo de un trabajador por acumular bajas médicas justificadas.

El artículo amparaba la extinción del contrato por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, cuando alcanzaran el 20 por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los 12 meses anteriores alcanzaran el 5 por ciento de las jornadas hábiles o el 25 por ciento en cuatro meses discontinuos en un período de 12 meses.

El Gobierno ha defendido esta derogación, pactada por PSOE y Unidas Podemos y reclamada por los sindicatos tras la sentencia del Tribunal Constitucional que amparaba esta fórmula, como el inicio de la derogación de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

Si bien el Estatuto de los Trabajadores ya contemplaba antes de esta reforma el despido objetivo por bajas médicas justificadas, sí que modificó sus condiciones al no ligarla a los índices de absentismo de la empresa, sino exclusivamente en función de las faltas de asistencia al trabajo personales e individuales, facilitando por tanto el despido.