El castellano-manchego Pedro Barato, altavoz de los agricultores del país en el Congreso

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han reclamado este martes en el Congreso apoyo público para lograr un modelo agrario sostenible en la etapa de reconstrucción que se abre tras la crisis del coronavirus.

Los máximos dirigentes de esas tres organizaciones han intervenido en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, en la que han respondido a preguntas de los distintos grupos parlamentarios.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha calificado de "insuficientes" los esfuerzos de la Unión Europea (UE) y del Gobierno frente al impacto de la crisis en el sector primario, con ayudas europeas de unos 80 millones de euros y otras nacionales de 10 millones, tras destacar que el sector ha seguido funcionando "perfectamente gracias al modelo agrario" que existe en España.

Barato ha insistido en que las ayudas de la nueva Política Agraria Común (PAC) del periodo 2021-2027 no deben sufrir recortes, frente a la reducción del 9 % propuesta por la Comisión Europea, y en que el fondo europeo de reconstrucción debe apoyar más la agricultura para que sea más sostenible.

El sector primario en España representa, junto con la industria agroalimentaria, casi un 13 % del Producto Interior Bruto (PIB), un actividad estratégica que dejó a un lado sus movilizaciones por la pandemia.

Ante la nueva etapa, Barato ha recordado sus reivindicaciones: un mejor funcionamiento de la cadena alimentaria, mayor cobertura de los seguros agrarios, más inversiones, menos impuestos, reducción de los costes energéticos y apuesta por la innovación, la digitalización, la incorporación de los jóvenes al campo y nuevos mercados.

"Quiero un modelo donde se pueda producir con las mismas reglas de juego con las que se produce en otros países", ha reclamado, tras pedir "no criminalizar" a los empresarios del campo que pagan los salarios acordes con la ley y los convenios colectivos, al tiempo que buscan explotaciones rentables.

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha sostenido que la crisis del sector agrario se ha agravado con la covid-19 y ha criticado que los precios pagados en el campo en ocasiones siguen siendo inferiores a los costes de producción, por lo que ha instado a reforzar los controles para que se cumpla la ley de la cadena alimentaria, reformada por el Gobierno en febrero pasado.

Su organización ha presentado en el Congreso un documento con cien medidas agrarias para la reconstrucción social y económica de España, entre ellas la puesta en marcha de un Estatuto de la Agricultura Social y Profesional.

En ese sentido, Blanco ha reclamado un "fuerte apoyo político y económico" para la defensa de un "modelo sostenible" que responda a los retos de seguridad alimentaria y desarrollo frente a los intentos de "uberización" o precarización del campo (un 6 % de los titulares acaparan un 40 % de la producción ), y un principio de "preferencia comunitaria" en el ámbito comercial.

Según COAG, cuyo responsable ha instado a reforzar el modelo social para que esos profesionales independientes no sean sustituidos por corporaciones con mucho capital y alta tecnología.

Un observatorio sobre los costes e insumos agrícolas, una regulación pública de los mercados, la universalización de los seguros agrarios, desarrollo tecnológico inclusivo, transición energética hacia las renovables e infraestructuras en el medio rural son otras de las demandas de COAG.

Desde UPA, su secretario general, Lorenzo Ramos, ha apuntado que España necesita "una agricultura familiar rentable y fuerte" para garantizar la alimentación de la población, generar vida en las zonas rurales y cuidar el entorno, en comparación con el modelo productivo basado en la deslocalización que hay a nivel mundial.

UPA ha entregado igualmente a los parlamentarios un documento con 80 propuestas de tipo político, legislativo, económico y fiscal, con vistas a garantizar precios justos en la agricultura y el respeto de las relaciones contractuales.

Ramos, para quien el sector agrario "no puede ser ajeno" a la reconstrucción económica y social, también ha destacado la necesidad de actuar ante el cambio climático, dar respuesta al reto generacional, invertir en tecnología y conseguir la igualdad entre hombres y mujeres rurales, así como entre pueblos y ciudades.

"El despoblamiento todavía es reversible si se aplican las medidas adecuadas", ha señalado Ramos, quien ha llamado a los grupos políticos a aparcar sus diferencias por el futuro de la sociedad española.