El consejero de Agricultura, Agua y Desarollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha aseverado que Castilla-La Mancha será "la más beneficiada de todas" las comunidades autónomas con la nueva Política Agraria Común (PAC), afirmando que con ella "va a haber más dinero para los agricultores y ganaderos" de la región.
Martínez Arroyo, que ha participado este jueves en el pleno de las Cortes regionales con motivo del debate general relativo al impacto de la escalada de precios en el sector agroalimentario de Castilla-La Mancha, presentado por el Grupo Parlamentario Popular, ha insistido en que con la actual PAC sectores como el olivar tradicional de bajo rendimiento están "absolutamente" abandonados, afirmando que, en este ejemplo, podrá contar con 30 millones al año.
"Compararemos una reforma y otra reforma", ha manifestado, vaticinando que Castilla-La Mancha "va a salir muy bien parada".
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha reiterado que con la nueva PAC "va a haber más dinero para agricultores y ganaderos" y también más dinero por hectárea. "A ver en qué comunidad autónoma se puede decir eso", ha comentado.
Por ello, se ha dirigido al PP para advertirles que "no tienen ningún argumento para venir aquí a decir que este Gobierno no defiende a los agricultores y ganaderos".
Un sector "asfixiado"
Por parte de Cs, la diputada Elena Jaime ha incidido en las subidas del gasóleo, los plásticos, el pienso, los fertilizantes, los fitosanitarios, el agua y la energía eléctrica, lo que ha hecho que agricultores y ganaderos estén "asfixiados", ya que el sector, ha dicho, no solo tiene un problema puntual con la subida de los precios sino que este es "de base".
"Nuestras explotaciones son deficitarias de por sí porque el buen hacer de agricultores y ganaderos choca de frente con la realidad, tenemos unos productos extraordinarios que no se saben vender", ha argumentado, criticando también que todas las reestructuraciones que se han hecho "están basadas en el cortoplacismo y el granel".
Jaime ha saludado la creación de un observatorio para el cumplimiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, pero ha apuntado que además de observar, "hay que actuar", porque los agricultores y ganaderos "llevan años viendo cómo pierden dinero al vender sus productos".
El PP critica la "inexplicable inacción"
Mientras, por el PP Lola Merino ha recordado que los agricultores y ganaderos "están asfixiados porque las cuentas no salen", acusando a los gobiernos nacional y regional de mantener una "inexplicable inacción" al respecto de la subida de los precios.
"Están poniendo en peligro el futuro de muchas explotaciones y van a abocar a la desaparición de cientos de explotaciones si no se toman medidas de carácter urgente", ha continuado, proponiendo iniciativas como garantizar la trazabilidad para evitar el fraude de productos de otros países, poner en marcha líneas de crédito "a intereses bajos o cero" o conceder prórrogas voluntarias para los jóvenes. "Hay soluciones, solo falta voluntad política", ha señalado.
Merino ha advertido a Martínez Arroyo de que si no defiende a los agricultores y ganaderos de la Comunidad Autónoma la región va a tener "un problema grave de despoblación", afirmando que "nunca antes se había acosado y criminalizado tanto a los agricultores y ganaderos de España y de Castilla-La Mancha".
El PSOE achaca la subida a una "problemática mundial"
Mientras, de parte del PSOE Joaquina Saiz ha justificado que hay una "problemática mundial" de abastecimiento de materias primas por factores "externos a Castilla-La Mancha".
A pesar de ello, ha puesto en valor el "buen momento" de los precios en productos como el vino, el champiñón, el aceite, el cordero manchego, los frutos secos o los cereales, abogando por trabajar para que dichos precios sean estables.
Por ello, Saiz ha defendido que el Gobierno regional "no ha cesado en su trabajo" para conseguir que el sector primario "no solo produzca los mejores productos, sino que además sean competitivos en el mercado".
Resoluciones
Tras las intervenciones parlamentarias se ha dado lectura a las resoluciones presentadas por los distintos grupos. En primer lugar, la de Cs, que ha sido rechazada con el voto en contra del PSOE y la abstención del PP, reclamaba al Gobierno regional en su texto incentivar la formación en competencias científicas y digitales para asegurar una mejor comprensión de las alternativas tecnológicas al sector, facilitar plataformas de inversión colectivas, establecer programas con la UCLM y los sectores agrarios para adoptar competencias digitales, incentivas el establecimiento de clúster en zonas rurales y elaborar una estrategia rural contra la desertización, entre otros aspectos.
De igual modo, solicitaba instar al Gobierno central a reforzar los controles sanitarios en fronteras para la importación de productos agroalimentarios, reforzar el diálogo con las comunidadesa autónomas y organizaciones agrarias para la aplicación con el mayor consenso posible de la nueva PAC o asegurar la imposibilidad de la venta a pérdidas en todos los eslabones de la cadena.
Por su parte, el PP, cuya resolución ha sido rechazada con el voto en contra del PSOE y la abstención de Cs, pedía en su resolución establecer una línea de créditos específicos a interés cero o bajo interés para ayudar a los profesionales del sector agroalimentario a paliar los altos aumentos en los costes de producción, aprobar una prórroga voluntaria de hasta un año para la certificación de las inversiones de los beneficiarios en aquellas líneas de ayudas dirigidas al sector agroalimentario que se vean afectadas por la subida en los costes de producción, aprobar la exención durante el 2022 de las tasas autonómicas que tengan que pagar los agricultores y ganaderos, activar el observatorio de precios de Castilla-La Mancha y garantizar la trazabilidad y evitar el fraude en el sector agroalimentario regional con el aumento del cuerpo de inspección agroalimentaria en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Asimismo, demandaba instar al Gobierno central a aprobar y poner en marcha la doble potencia y la doble tarifa para los regantes, aprobar y aplicar la Ley de la Cadena Agroalimentaria, garantizar la trazabilidad y evitar el fraude en el sector agroalimentario nacional con el aumento del cuerpo de inspección agroalimentaria y realizar periódicamente y publicar estudios de costes de producción de los diferentes y diversos cultivos agrícolas y ganaderos.
Finalmente, en la resolución del PSOE, que ha sido aprobada con los votos a favor de los socialistas y la abstención de 'populares' y naranjas, se mostraba el apoyo a la modificación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria y se solicita al Gobierno regional mantener el apoyo a la venta directa y los canales de distribución, continuar alentando la unión de empresas y cooperativas para que tengan mejor posición e la cadena alimentaria y seguir impulsando estudios sobre los costes de producción.
De igual manera, pedía al Gobierno central aplicar tan pronto como esté aprobada la nueva Ley de la Cadena Agroalimentaria y seguir impulsando estudios de costes de producción, además de defender los intereses del sector en la negociación de la nueva PAC.