El secretario general de Asaja de Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha estimado que la agricultura y la ganadería de la región han perdido 1.000 millones de euros este año y ha advertido que las explotaciones ganaderas, de cereal y el viñedo "ya están muy tocadas".

En una rueda de prensa, Fresneda ha informado en Albacete que la organización agraria calcula que los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha han perdido unos 1.000 millones de euros en 2022 debido a factores como el incremento de los costes de producción y la sequía.

Fresneda ha explicado que el aumento medio de los gastos en el campo ha sido del 164 % y ha especificado que solo en carburantes están pagando un 105 % más que en 2021, un 320 % más en electricidad, un 94 % por los fertilizantes y un 263% por productos fitosanitarios, en tanto que los piensos han experimentado un encarecimiento del 70 %.

Pero "nadie ha reaccionado" ante estos incrementos, ha lamentado Fresneda, que hay que tener en cuenta las reducciones en la mayor parte de las cosechas como consecuencia de la sequía, que afectará a entre un 50 o 60 % de olivar, en un 30 % al cereal y entre un 15 y un 20 % al viñedo, mientras que la cosecha de almendra descenderá un 45 % y las cabañas ganaderas se reducirán a la mitad.

“Hipócritas”

Asimismo, ha calificado de "hipócritas" a todos los que denuncian las subidas de los precios en origen y ha puesto como ejemplo que mientras el melón ha afrontado una subida de costes del 138 %, su precio ha subido un 42 %, mientras que, en el caso del girasol, ha sufrido un encarecimiento de costes del 98 %, pero su precio en origen se ha incrementado solo un 31 %.

"La situación de la agricultura y de la ganadería es muy difícil por los elevados costes y la sequía que hacen que no sea rentable producir", ha aseverado Fresneda, aunque ha asegurado que, a pesar de esta situación: "Seguiremos produciendo porque hay muchas miles de familias en el medio rural que están preparados para ello".

A su juicio, el actual modelo de agricultura "sufre una tremenda presión por parte de los gobiernos estatal y regional", a los que ha acusado de que "están atentado contra el sistema productivo por amparar las políticas proteccionistas".

Además, se ha referido a la caza y ha anunciado el inicio de un proceso para demandar a la Administración autonómica "y a todos los que tienen responsabilidades en materia de cotos" por no asumir la recuperación de las pérdidas patrimoniales y de las agresiones medioambientales que se han cometido con los animales de caza menor y mayor.