El PP de Castilla-La Mancha reclama al Gobierno de García-Page el "pago inmediato" de los 43 millones de euros que se adeudan a los agricultores y ganaderos acogidos a los compromisos de agricultura ecológica contemplada en el Programa de Desarrollo Rural de la región para el periodo 2014-2020.

En una nota difundida hoy, el PP destaca que estos compromisos comenzaron en los años 2015, 2016 y 2017 y pudieron acogerse a ellos tanto los productores que venían recibiendo las ayudas en años anteriores para la producción ecológica, como los jóvenes que iniciaron sus compromisos a partir de 2015.

Según el PP, a tenor de los datos manejados por la propia Consejería de Agricultura, el Gobierno de García-Page debe más de 43 millones a los profesionales ecológicos: 22 millones de la convocatoria efectuada por el PP en el 2015, otros 18 millones de euros de la convocatoria publicada en el 2016 y 3,2 millones de euros correspondientes a la convocatoria de este año.

Page y Podemos "engañan al sector agrario"

"Page y sus compañeros separatistas de Podemos engañan al sector agrario y especialmente a los ecológicos y jóvenes que comenzaron su actividad en la agricultura o ganadería ecológica", señala la portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino.

Y añade: "hace unos meses, Page y Podemos prometieron un incremento en el presupuesto de Agricultura ecológica de 14 millones de euros, pero la realidad es que ese dinero no ha llegado a los bolsillos de los agricultores ecológicos que siguen sin cobrar las ayudas de los ejercicios 2015, 2016 y 2017".

El Partido Popular critica que "no es la primera vez que este Gobierno miente en cuestiones relativas a la Producción Ecológica ya que Page ha engañado a las organizaciones agrarias y cooperativas en 2016 al no cumplir ninguno de los puntos acordados con los representantes del sector en el Pacto de Tomelloso".

Merino subraya asimismo que el Gobierno de García-Page redujo las ayudas a la agricultura ecológica hasta en un 70 por ciento y dejaron a más de 3.000 profesionales ecológicos sin ayudas.