Sanidad aborda con las Cámaras de Comercio las alegaciones a la Ley sobre los Derechos de los Consumidores

El director general de Salud Pública y Consumo de la Consejería de Sanidad, Manuel Tordera, se ha reunido con el secretario general del Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla-La Mancha, José Manuel Campillo, para analizar las alegaciones presentadas al anteproyecto de Ley sobre los Derechos de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha, tras finalizar el período de información pública para la presentación de las mismas el pasado 20 de febrero, aunque este órgano no ha presentado ninguna al texto.

Manuel Tordera ha expuesto los principios en los que se basa dicha normativa y las líneas de trabajo que propone en su desarrollo, destacando entre otras cuestiones la novedad que supone contemplar desde un enfoque de corresponsabilidad los derechos y las responsabilidades de las personas consumidoras, así como la introducción de un marco legal más amplio relativo a la protección que ofrecen las leyes y estatutos en otras comunidades autónomas.

Asimismo, ha puesto en valor el proceso de redacción de la norma, "abierto y transparente, en un claro ejercicio de corregulación y de participación ciudadana, aunque ello haya requerido un tiempo de elaboración mayor con objetivo de incorporar, en la medida de lo posible, las aportaciones presentadas", ha informado la Junta en nota de prensa.

Por otra parte, el director general de Salud Pública y Consumo ha precisado que se trata de un texto con vocación de transversalidad y permanencia, lo que ha obligado a hacer un "esfuerzo añadido en la redacción y complejidad del articulado, con ánimo de facilitar la protección de las personas consumidoras mediante un texto único en relación con materias cuyo ámbito competencial corresponda a políticas concurrentes de las diferentes Administraciones Públicas con las de consumo".

Durante el transcurso de esta reunión, el secretario general del Consejo de Cámaras de Comercio ha manifestado su acuerdo con el texto del anteproyecto, poniendo en valor tanto las innovaciones que incorpora como la actualización que se hace de los contenidos del Estatuto del Consumidor en vigor, de modo que permite "adaptar la protección de los derechos de las personas consumidoras a la realidad actual, y en particular, en lo que se refiere al entorno digital en el que se desarrollan cada vez más las transacciones comerciales entre personas consumidoras y empresarios".