La empresa de entrega de comida a domicilio Deliveroo ha anunciado este jueves que pretende doblar su presencia en España durante los dos próximos meses, hasta alcanzar las 60 ciudades, entre ellas Albacete, Guadalajara y Toledo.

Esta expansión supondrá ampliar la base de restaurantes adheridos a la plataforma, que pasará de 5.000 a 6.400, y sumar entre 100 y 150 nuevos repartidores a los 1.500 con los que ya cuenta actualmente.

"Estamos completamente entusiasmados con llegar a 30 nuevas ciudades. Poder llevar nuestro servicio a tantos clientes (...) nos permite continuar con nuestro plan de expansión por España", ha destacado en un comunicado el nuevo director general de la empresa, Gustavo García, que acaba de asumir el cargo en sustitución de Diana Morato, responsable de la firma desde que arrancara sus operaciones en el país, a finales de 2015.

A la treintena de ciudades donde ya ofrece sus servicios, Deliveroo prevé añadir antes del 7 de junio capitales de provincia como Albacete, Burgos, Castellón, Córdoba, Guadalajara, Huelva, Las Palmas, León, Oviedo, Pamplona, Santander, Tarragona, Toledo y Vitoria.

Además, también comenzará a operar en los municipios madrileños de Torrejón, Coslada, Fuenlabrada, Rivas, Parla-Pinto, Collado Villalba, Tres Cantos y Colmenar Viejo; los barceloneses de Terrasa, San Cugat, Sabadell, Mataró; los gaditanos San Fernando y Jerez de la Frontera; así como Cartagena (Murcia).

Desde la empresa han subrayado que su estrategia de crecimiento en España se está basando en lanzar su servicio "no sólo en capitales de provincia si no también a ciudades limítrofes de las grandes capitales españolas".

A nivel global, la multinacional -fundada en 2013- ya está disponible en más de 500 ciudades y 14 mercados, donde colabora con unos 80.000 restaurantes y trabaja con 60.000 repartidores en total.

Precisamente la relación laboral con estos repartidores es motivo de controversia en España, y de hecho Deliveroo ha sido llevado a juicio por la Tesorería de la Seguridad Social -la sesión está prevista para el próximo 31 de mayo- después de que la Inspección de Trabajo considerara que éstos han estado trabajando como "falsos autónomos".