El Gobierno de Castilla-La Mancha ha enviado a la empresa Raspeig, concesionaria del servicio de limpieza en alguno de sus edificios, un requerimiento en el que amenaza a este empresa con iniciar el trámite para resolver el contrato si no paga a los trabajadores los salarios que les adeuda.

Preguntado en rueda de prensa por este conflicto laboral, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, ha precisado que son un total de 23 empleados los que siguen "teniendo serios problemas para cobrar", pues desde que la Administración regional se interesó por esta problemática el número de empleados afectados se ha reducido de 150 a 23. "Aún así son muchas", ha admitido.

"Por eso, esta semana hemos decidido enviar un requerimiento a la empresa, que recibirá hoy mismo, diciendo alto y claro que como no pague ya a los trabajadores que resta por pagar iniciaremos los trámites para la resolución del contrato, porque no han cumplido con su parte del trato", ha explicado.

No obstante, el portavoz del Gobierno ha querido poner distancia entre este conflicto, que afecta a 23 trabajadores de las sedes de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad y el Iriaf en Tomelloso (Ciudad Real), del que mantienen los trabajadores del transporte sanitario.

Según Hernando se trata de "escenarios diferentes" pues en el caso de los conductores de ambulancias no es que no estén cobrando sus nóminas, sino que están en medio de proceso de renegociación de su convenio colectivo, y "ahí el Gobierno tienen margen distinto", a pesar de que sea un servicio que se presta a la administración .

Dicho esto, ha planteado que habría que debatir sobre la posibilidad de que en medio de unas elecciones quepa sentarse a negociar un convenio colectivo. "Igual que yo no puedo hacer balances, ni logros del Gobierno tampoco se puede comprometer hasta cierto punto el dinero del contribuyente que no se sabe sí se va a poder gestionar o no en los próximos cuatro años".