Facilitar las herramientas adecuadas de prevención para que los trabajadores no incurran en incumplimientos legales de los que luego tengan que responder penalmente sus empresas es el objetivo de la jornada regional que se desarrolla este jueves en Toledo, a instancias de la Confederación Regional de Empresarios (Cecam) e Iberdrola.



El responsable regional de los empresarios, Ángel Nicolás, ha presentado esta jornada, 'Programa Compliance', junto al delegado territorial de Iberdrola, Venancio Rubio, quien ha adelantado algunas de las herramientas que la compañía eléctrica ha puesto en marcha para prevenir que los trabajadores puedan incurrir en incumplimientos legales que luego pueden desembocar en sanciones económicas e incluso en la disolución de la empresa.



Nicolás ha recordado que, hasta 2010, los trabajadores respondían personalmente de sus actos irregulares, lo que cambió con la modificación introducida en la reforma del Código Penal de ese año, cuando se estableció que de los incumplimientos legales de los trabajadores deberían responder penalmente las personas jurídicas, esto es las empresas.



En este punto, Nicolás ha considerado oportuna la celebración de esta jornada, en la medida en que "puede facilitar las herramientas para hacer más fácil el cumplimiento con la legalidad a las pequeñas y medianas empresas de la región".



Y, entre dichas herramientas, ha abogado por el establecimiento de un código ético, así como de "un mapa de riesgos, puesto de trabajo por puesto de trabajo, para analizar los riesgos a los que puede verse sometido cada trabajador" y por la creación de un canal de denuncias anónimo.



Por su parte, Rubio ha contado la experiencia de Iberdrola, donde, además de contar con un Código Ético, se ha puesto en marcha el denominado "Buzón ético", donde los trabajadores, por ejemplo, puede expresar cuestiones como si se sienten 'presionados' por parte de su jefe para hacer algo determinado o si les han ofrecido dinero desde fuera como recompensa a un trato privilegiado.



Preguntados por la repercusión que la modificación del Código Penal ha tenido sobre las empresas, Nicolás ha recordado que la primera sentencia condenatoria contra personas jurídicas por incumplimientos de los trabajadores tuvo lugar el 29 de febrero de 2016 y no tienen noticia de que ninguna haya afectado a empresas de la región