Piden a la Junta que regule un negocio que "pone en peligro la seguridad de la ciudadanía"
CCOO ha denunciado la proliferación de gasolineras desatendidas en Castilla-La Mancha, ya que la región cuenta con 142 gasolineras más que hace dos años y solo 112 personas más para atenderlas, y ha criticado al Gobierno regional "que continúa sin pronunciarse sobre su legalidad, sin concluir la nueva normativa del sector".
Así lo ha manifestado el sindicato en un comunicado, en el que ha señalado también que este hecho "pone en peligro la seguridad de las instalaciones y de la ciudadanía" y además "discrimina a las personas con discapacidad y se renuncia a crear empleo".
Según ha explicado CCOO, la Junta lleva trabajando en la nueva normativa desde hace más de dos años y medio y no aplica la que está vigente, de 2005, que regula en el ámbito regional "la distribución al por menor de carburantes y combustibles de automoción en instalaciones de venta al público en aquellos aspectos que afectan a los derechos de los consumidores y usuarios".
De los 142 nuevos puntos abiertos de venta de carburantes y combustibles, en Albacete han pasado de 139 a 155; en Ciudad Real, de 196 a 209; en Cuenca, de 112 a 151; en Guadalajara, de 85 a 86; y en Toledo, de 228 a 301, lo que supone que en el conjunto de la región, en agosto de 2017 había 760 y ahora hay 902.
En el mismo periodo, las afiliaciones a la Seguridad Social en el sector han pasado de 2.520 a 2.632 en Castilla-La Mancha y el sindicato ha indicado al respecto que "el mínimo de personal para atender una estación en servicio las 24 horas del día es de cinco personas a tiempo completo" por lo que según CCOO, estos 142 nuevos puntos de venta deberían requerir un mínimo de 710 nuevos empleos.
La agrupación sindical ha recordado que durante varios años, la región tuvo la legislación sobre gasolineras "más garantista del país" que establecía que todas las estaciones de servicio de carburante deben disponer de, al menos, una persona responsable.
Pero ha lamentado que con la ley estatal 'De medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo' emitida en 2013, se liberalizó el ejercicio de la actividad de distribución al por menor de carburantes, lo que facilitó la apertura de gasolineras desatendidas en toda España.
CCOO y UGT abandonaron el pasado año la Mesa sobre Estaciones de Servicio constituida por la Junta en 2017, cuando se anunció que la nueva normativa autonómica autorizaría las gasolineras desatendidas, alegando que la normativa europea "según la interpretación del Gobierno regional, obligaba a permitir la apertura de estaciones sin personal con el presunto objetivo de facilitar la competencia en el sector en beneficio de los consumidores".
En este sentido, el sindicato ha pedido a la Junta que presente ante la Comisión Europea un informe con los datos y argumentos suficientes para mostrar "que no disponer de personal en las estaciones de venta de carburantes y combustibles es contrario al derecho autonómico, al del Estado Español, al marco Constitucional y a las normas supranacionales que España tiene ratificadas".