El Comité de las Regiones ha tenido conocimiento de la declaración impulsada por el Gobierno castellanomanchego de Emiliano García-Page para empezar a dar pasos desde la Unión Europea de cara a protegerse contra la política arancelaria anunciada por la Administración de Donald Trump contra los productos europeos, lo que supone un primer paso que en el medio plazo puede cristalizar en ayudas económicas compensatorias para las empresas de las regiones de toda Europa.
Esta declaración, que a instancias del Gobierno de Castilla-La Mancha ha recabado el apoyo de todas las comunidades autónomas que forman parte de la delegación española del Comité de las Regiones en su última sesión plenaria, ha sido defendida por la región que ostenta la Presidencia de turno --Comunidad Valenciana--, concretamente por el delegado del Consell para la Unión Europea, Joan Calabuig.
Esta declaración, recogida por Europa Press, considera que los acuerdos bilaterales "son fundamentales para el sector agroalimentario de las regiones, teniendo en cuenta el potencial exportador de España que se incrementa año tras año".
Asegura el texto que el Gobierno de Estados Unidos acometerá nuevas medidas proteccionistas contra los productos provenientes de Alemania, Francia, Reino Unido y España, "decisión legitimada por la Organización Mundial del Comercio tras considerar ilegales las ayudas de la Unión Europea a Airbus"; y añade que el mercado estadounidense se ha convertido "en términos totales en uno de los principales países al que se dirigen las exportaciones de productos agroalimentarios españoles".
Algunos de los productos que se exportan y que pueden ser más perjudicados son el queso, el vino, las naranjas y el aceite de oliva. La imposición de aranceles, según la declaración, puede tener un impacto muy negativo cuando lo enmarcamos en la actividad individual de muchas pequeñas y medianas empresas de la región que ven perjudicada su actividad en este mercado, en términos económicos y de puestos de trabajo".
Por ello, "resulta totalmente injusto que tengan que ser las empresas y cooperativas de España y las del resto de Europa las que finalmente deben asumir una penalización que proviene de un asunto totalmente ajeno a ellas".
Con todo, las peticiones de las regiones españolas pasan por poner en marcha un canal de diálogo entre la administración de Estados Unidos y la Unión Europea que produzca un "acuerdo fructífero que palie la situación actual"; y que en tanto esta situación se mantenga, por parte de la UE se establezcan medidas compensatorias temporales que palíen las consecuencias que se derivan para los países y sectores afectados.
Puerta abierta a sumar países
La directora general de Asuntos Europeos del Gobierno de Castilla-La Mancha, Virginia Marco, ha explicado a los medios tras celebrarse la sesión plenaria que este primer paso sirve también para abrir la puerta a sumar más países afectados a esta declaración.
Ahora se intentará que países como Alemania, Francia o Italia, que se encuentran entre los más afectados, se alíen con esta propuesta originada en Castilla-La Mancha para que su postura sea unánime dentro del Comité de las Regiones.
Los siguientes pasos están orientados a elevar esta declaración a la próxima sesión plenaria del Comité de las Regiones del mes de diciembre para que cristalice en una resolución firme y urgente "y con el suficiente peso político y jurídico" para blindar en las instituciones europeas un posicionamiento "fuerte" de cara a renegociar las "amenazas" de la administración Trump.
Si los españoles del Comité de las Regiones consiguen los suficientes apoyos y consiguen que este órgano consultivo apruebe en pleno una resolución con el contenido de este texto, se podría elevar a la Comisión Europea para que tome medidas concretas.
De este modo, Europa podría articular ayudas económicas para que las empresas afectadas vean paliadas las consecuencias de los nuevos aranceles del país norteamericano.