La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha multado a 19 empresas de montaje y mantenimiento industrial, una de ellas con sede en Puertollano (Ciudad Real), con sanciones que suman 54,26 millones por crear un cártel que durante 17 años encareció sus servicios, fundamentalmente a empresas del sector energético y petroquímico.
El organismo supervisor ha sancionado a varios de sus directivos con 280.500 euros y, además, ha puesto el expediente en conocimiento de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que se prohíba contratar con el sector público a estas firmas, excepto a las que ayudaron a desmantelar el cártel.
Asimismo, la CNMC vigilará a las sociedades montadas, entre las que se encuentran Duro Felguera, Sacyr o MASA, para que no vuelvan a repetir esta conducta ilícita, ha informado el organismo sancionador en un comunicado.
El montaje y mantenimiento industrial requiere estándares complejos y específicos de seguridad, calidad y medioambiente, por lo que las grandes empresas del sector energético y petroquímico adjudican a firmas especializadas el mantenimiento de instalaciones como depósitos o tanques en centrales de generación o aeropuertos mediante licitaciones privadas.
Entramado
Según la CNMC, las empresas sancionadas crearon un entramado para repartirse clientes y licitaciones, intercambiar información sensible con sus competidores, realizar ofertas de cobertura y fijar compensaciones y precios.
Durante unos 17 años -enero de 2001 a julio de 2017- el cártel se repartió al menos 746 licitaciones convocadas por una veintena de clientes, fundamentalmente empresas del sector energético y petroquímico.
El "modus operandi" de la trama fue evolucionando debido a su larga duración. En una primera etapa, la empresa designada para ser la adjudicataria de la obra daba sus precios para que fueran elevados por las demás mediante ofertas de cobertura hasta un cierto porcentaje.
Posteriormente, intercambiaban versiones de archivos de excel, que iban rellenando cada una con los precios y las ofertas de cobertura. Más tarde, establecieron códigos propios, como números o siglas para las empresas participantes. Los mecanismos de contacto de la trama también fueron evolucionando para dificultar su detección, desde faxes, contactos telefónicos, hasta whatsapp o correos electrónicos.
Detección
La detección del cártel fue posible por la denuncia realizada por Navec que, al poner en conocimiento de la CNMC su existencia a través del Programa de Clemencia, se ha beneficiado de la exención en el pago de la multa impuesta. Sin embargo, uno de sus directivos, también sancionado, no se ha beneficiado de las reducciones al no colaborar.
Por otra parte, tras las inspecciones realizadas por la CNMC, otra de las empresas participantes en el cártel, Enwesa, presentó una solicitud de reducción del importe de la multa y aportó elementos de prueba adicionales, por lo que se le ha reducido la multa impuesta un 50 %.
Las mayores multas corresponden a MASA (14,5 millones), Navec (9,3 millones), IMASA (9,2 millones), MEISA (4,84 millones), MAESSA (3,49 millones), Tamoin (3,44 millones), Duro Felguera Operaciones y Montajes (1,32 millones), Sacyr Nervión (1,16 millones) y TMS (1,12 millones).
También formaban parte del cártel ACSA (110.000 euros), Atrian Technical Services (914.000), HGL (873.834), Enwesa, (860.000), Montajes Bardadun Industrial (38.577 euros), Mecánicas Bolea (650.000), Millecasa (937.507), Montajes Mecánicos la Puertollanense (560.999), Montajes Metálicos Faysol (267.229), y Pregabricación y Montales del Norte (471.036 euros).
Las empresas sancionadas pueden recurrir ante la Audiencia Nacional. El programa de clemencia permite que los miembros arrepentidos de un cártel pueden quedar eximidos de multa o ver reducida su cuantía si denuncian al resto de miembros y facilitan pruebas.