Empresas del sector del vino de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos han realizado un llamamiento conjunto contra la imposición de aranceles y han instado tanto a los gobiernos europeos como a la Administración Trump a dejar a este producto fuera de sus disputas comerciales.

La petición la han firmado el Comité Europeo de Empresas de Vino (CEEV) y el Instituto del Vino estadounidense, con más de un millar de socios entre bodegas y firmas comerciales.

El comunicado conjunto se produce en un contexto marcado por los aranceles que gravan con un impuesto extra del 25 % las exportaciones de vino de algunos países europeos a EE.UU., en vigor desde hace tres meses.

Además, el Gobierno de Donald Trump revisa estos días la posibilidad de ampliar estas medidas de carácter fiscal en el conflicto por las ayudas públicas europeas concedidas al consorcio aeronáutico Airbus, disputa en la que la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha dado la razón al país norteamericano y le ha autorizado a imponer sanciones.

"La histórica alianza comercial entre los sectores del vino de la UE y de los EE.UU. es importante para la prosperidad de nuestro sector y debe ser preservada y respaldada. Nuestra relación comercial es la de mayor volumen del mundo y un factor clave para el crecimiento de las exportaciones", han defendido en el comunicado.

Los firmantes han reclamado "la eliminación de todos los aranceles sobre el vino" y han recordado que tradicionalmente los exportadores de este producto tanto en Estados Unidos como la UE han "gozado" de impuestos bajos en ambos mercados.

"Esta facilidad de acceso a los mercados ha beneficiado significativamente a las dos partes, dando como resultado un aumento del empleo y de la inversión, así como una mayor y más amplia oferta para los consumidores", han incidido.

El CEEV -al que pertenece la Federación Española del Vino- y el Instituto del Vino estadounidense han apuntado que los aranceles "aumentan los costes y actúan como impuestos adicionales que los consumidores y las empresas estadounidenses y europeas pagan en cada eslabón de la cadena de valor", por lo que su imposición como represalia "crea incertidumbre económica y resulta en despidos, inversiones diferidas y aumentos de precios".

Han señalado, asimismo, que entre los perjudicados por este tipo de medidas fiscales no sólo están las bodegas, sino también los viticultores, los importadores y exportadores, los distribuidores, el comercio minorista y la hostelería.

La patronal española ya ha advertido de las pérdidas que acarrean estos aranceles para las compañías del sector en el ámbito nacional, ya que Estados Unidos es el tercer destino en valor más importante para sus exportaciones.

El PP pregunta sobre las alegaciones

Sobre este asunto, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha exigido al "desaparecido" presidente de la región, Emiliano García-Page, que aclare si ha presentado alegaciones para frenar los aranceles de Estados Unidos a los productos agroalimentarios de la región.

Según Merino, este lunes terminó el plazo de presentación de alegaciones para defender a los sectores agroalimentarios afectados, que en el caso de Castilla-La Mancha sería el vino, el queso y el aceite, tras la imposición de Trump el pasado 18 de octubre. Así, ha preguntado a García-Page si ha presentado alguna alegación ante el Gobierno americano, ante la Comisión Europea y ante el Ministerio de Agricultura para saber qué va a ocurrir con los agricultores y ganaderos.

En este sentido, la dirigente 'popular' ha advertido que los aranceles son del 25 por ciento pero que podrían subir al 100 por cien, y este martes se acabó el plazo, por lo que ha asegurado que esta tierra se merece "que alguien la defienda". "¿Quién va a dar la cara por los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha", se ha preguntado.