El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real ha hecho pública este jueves una providencia en la que ha autorizado a la Administración Concursal que gestiona el Concurso de Acreedores del Aeropuerto de Ciudad Real a pagar a los acreedores ordinarios.



Según la providencia consulta por Efe, el juez Carmelo Ordóñez señala que de esta forma el procedimiento concursal se sigue tramitándose este concurso hasta la finalización de todos los pagos de créditos a los acreedores.



El magistrado mantiene que, dado el estado avanzado de la fase de liquidación, y por razones de economía procesal, una vez que han sido superados todos y cada uno de los incidentes concursales interpuestos tras la venta de la unidad aeroportuaria que podrán tener incidencia en la existencia o reconocimiento de crédito contra la masa y privilegiado, ha tomado la decisión de autorizar a la Administración Concursal a pagar los importes debidamente prorrateados de los créditos ordinarios reconocidos en su día.



Así, ha resuelto que se pague al letrado de Agencia Tributaria la cantidad de 208.522,11 euros.



También ha dado el visto bueno para que se realice la provisión para pagar la cantidad de las partidas de honorarios de los tres administradores concursales por la fase de liquidación, que se rebaja en un 48,80 %, por lo que cada uno de ellos percibirá 252.475,83 euros, en lugar de los 752.883,12 euros que le correspondería hasta el primer año, a lo que se suma el IVA para cada miembro.



Igualmente, ha autorizado a que se aprovisionen otros 12.623,79 euros (el 5 % de esa cantidad por mes hasta un máximo de tres,) más el IVA, por cada miembro de los tres de la Administración Concursal, lo que hace un total de 113.614,11 euros, aún cuando estos van a seguir trabajando durante el tiempo de liquidación que superará los 12 meses.



El juez Ordóñez también ha establecido que se pague 100.000 euros, más IVA, al letrado de la concursada por su actuación necesaria e imprescindible en la fase de la liquidación y otros 25.000 euros, más IVA, para el procurador de la concursada, a los que también se les suma otras cantidades menores en concepto de tasación de costas.