La proposición de ley de Medidas Urgentes para la declaración de proyectos prioritarios en Castilla-La Mancha ha iniciado su tramitación en las Cortes regionales, tras haberse aprobado su toma en consideración por unanimidad de los tres grupos parlamentarios: PSOE, PP y Ciudadanos.



Esta proposición de ley, presentada por PSOE y Cs, tiene por objeto "establecer un marco de tramitación preferente y de agilización y simplificación administrativa para el desarrollo de proyectos prioritarios".



Igualmente, persigue "fomentar e incentivar las iniciativas empresariales que atraigan inversiones en sectores económicos considerados estratégicos para Castilla-La Mancha, para lo que se ofrece una labor de acompañamiento desde la Administración regional", a través de la denominada Unidad de Acompañamiento Empresarial.



Al comienzo del debate, el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, ha informado de que el Consejo de Gobierno ha comunicado a la Cámara la "no oposición" a la tramitación parlamentaria de dicha proposición.



Durante la sesión plenaria, el vicepresidente de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, ha pedido a los 'populares' que apoyen la toma en consideración para iniciar su tramitación y que Castilla-La Mancha se dote así de "una buena herramienta para facilitar a los inversores que quieran venir, que lo puedan hacer".



Martínez Guijarro ha explicado que Castilla-La Mancha no dispone del mecanismo del decreto ley para poder tomar decisiones y ajustar la legislación "a la realidad que estamos viviendo", una herramienta legislativa que sí tienen otras comunidades autónomas, pero de la que la región carece porque tiene un Estatuto de Autonomía de los denominados de primera generación".



Ha añadido que, por ello, se ha optado por tramitar esta iniciativa como proposición de ley, porque es "el único mecanismo" para actuar "de una manera rápida y con garantías jurídicas, pero sin tener que cumplir todos los plazos que conlleva la tramitación de un proyecto de ley".



En este punto, ha confiado en que se pueda recuperar el diálogo para modificar el Estatuto de Autonomía para, entre otras cosas, dotarlo de esta herramienta que ha calificado de "imprescindible" para poder tomar decisiones con rapidez ante una situación complicada.



Por su parte, el PSOE y Cs han hecho un llamamiento a la unidad para tramitar, "como algo de todos y para todos", esta iniciativa.



Tanto el presidente del grupo socialista, Fernando Mora, como el diputado de la formación naranja David Muñoz han destacado la importancia de esta proposición de ley y han recordado que es "fruto" del Pacto por la Reconstrucción de Castilla-La Mancha tras la COVID-19, firmado por el Gobierno regional y ambos partidos.



Mora, que ha incidido en que "el diálogo y el entendimiento es lo que se nos exige en los momentos más difíciles" y en que "estamos en un momento donde lo fundamental es construir", ha asegurado que le hubiera gustado que el PP se incorporara a este acuerdo.



Y ha agregado que con esta iniciativa se pretende, sobre todo, incentivar la economía y facilitar las cosas al inversor para generar empleo y riqueza mediante la simplificación administrativa, la agilización de trámites, la articulación de mecanismos de acompañamiento empresarial y la cooperación interadminsitrativa.



En la misma línea, Muñoz ha afirmado que esta norma "hacía mucha falta en la región" y la ha calificado de "indispensable" porque es "una llave maestra capaz de abrir los candados de las burocracias y de tender un puente ancho a quienes quieran traer empleo a la región".



Ha explicado que consta de 36 artículos, que son "36 motivos para invertir y traer empleo a Castilla-La Mancha" y ha ofrecido hasta una decena de razones para apoyarla, entre ellas, la transparencia, el impulso a sectores tradicionales como el primario o la modificación de la calificación del suelo.



Sin embargo, la diputada del PP Ana Guarinos ha considerado que el texto es "manifiestamente mejorable" y ha avanzado que el grupo popular presentará enmiendas a esta proposición, de la que ha dicho que no es un proyecto de ley, no va acompañada de memoria económica y no planeta una rebaja de la presión fiscal.



Ha señalado que considera "proyectos prioritarios" en municipios de menos de 5.000 habitantes aquellos que supongan una inversión mínima de un millón de euros y la creación de cinco puestos de trabajo, aunque también contempla la posibilidad de reducir esos parámetros a la mitad, y ha afirmado que hay que tener "mucho músculo" para alcanzar ese objetivo en el medio rural.