UGT pide resolver con urgencia un "atasco" de hasta 15 meses en los juzgados de lo social en Castilla-La Mancha
- El sindicato exige "medidas urgentes" porque la situación afecta a las personas trabajadoras.
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UGT Castilla-La Mancha ha denunciado el incremento del tiempo de espera para la celebración de los juicios laborales en la región, llegando a retrasarse hasta 15 meses en algunos casos, como aquellos relacionados con accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y prevención de riesgos laborales.
Para acabar con este "atasco judicial", el sindicato ha pedido la adopción de "medidas urgentes" que agilicen el funcionamiento de los juzgados de lo social, evitando así perjuicios mayores a las personas trabajadoras de Castilla-La Mancha.
Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según ha recordado UGT en una nota de prensa, reflejan que, mientras en 2022 se resolvieron 12.813 asuntos en los juzgados de lo social de la región, en 2023 esta cifra cayó hasta los 9.792 casos. De estos, 3.765 correspondieron a reclamaciones laborales, 2.091 a temas de Seguridad Social, 2.852 a despidos y 84 a conflictos colectivos.
Asuntos sensibles
Según Isabel Carrascosa, responsable de Empleo de UGT Castilla-La Mancha, la espera media en algunos de estos procesos ha crecido casi un 20 % en el último año. "Esto afecta especialmente a los asuntos más sensibles para los trabajadores, como los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, donde la espera promedio es de 15,1 meses", ha destacado Carrascosa.
También ha señalado que, junto con los accidentes, los asuntos sociales que sufren más la espera son las impugnaciones de actos administrativos en material laboral y de Seguridad Social (13,5 meses), los asuntos relacionados con la Seguridad Social (12,5 meses), los que tienen que ver con la movilidad (12,5 meses) y los temas relativos a las cantidades (12,1 meses).
Carrascosa ha señalado que UGT ha propuesto al Gobierno de Castilla-La Mancha y a la administración judicial varias medidas para aliviar esta situación. Entre ellas, la recuperación de los salarios de tramitación, suprimidos en la reforma laboral de 2012, que "permitiría a los trabajadores obtener una compensación material por las dilaciones indebidas".
También ha reclamado que se impulsen los actos de mediación extrajudiciales, como un mecanismo que permita resolver conflictos laborales sin necesidad de llegar a los tribunales, además de la creación de nuevos tribunales de instancia y oficinas judiciales digitales.