Se habla mucho de medio ambiente, hoy especialmente por ser su Día Mundial, pero a la hora de la verdad “el bolsillo manda más que el aire”. Ocho de cada diez españoles dicen que podrían hacer más por el medio ambiente, pero su intención se queda en eso. Ponemos excusas para reciclar, y el 35% de los hogares ni siquiera separa los residuos a ningún nivel. A la hora de buscar productos sostenibles lo que manda es el precio para un 82% de los consumidores.

Con estos datos resulta fácil comprender por qué el mercado de los vehículos eléctricos avanza a un ritmo tan lento en España. Lo primero que hay que aceptar con realismo es que hay que tener en cuenta que el 92% de los consumidores que apuestan por los automóviles eléctricos no llega a amortizar su inversión sin las ayudas del Estado.

De hecho, es necesario recorrer hasta 220.000 kilómetros -de uso combinado durante los 11 años de vida útil que suelen tener- para recuperar el mayor precio de compra. Aquí hay que añadir que España se encuentra a la cola de Europa en puntos de recarga para coches eléctricos (cuenta con unos escasos 7.600) y los apoyos del gobierno son muy escasos.

Si a eso unimos que los costes de instalar un punto de carga o el precio de las recargas rápidas dejan de hacer tan interesante económicamente el coste de uso, la ecuación cae por su propio peso. Por otra parte, el precio de los seguros a todo riesgo para los vehículos eléctricos puede ser hasta un 25% superior a sus homólogos de gasolina.

Esta diferencia podría justificarse en que los seguros de coche de los eléctricos no solo contemplan servicios destinados a responder a los problemas «típicos» de los coches, sino que también incluyen coberturas específicas como el robo del cable de recarga. Se trata de coches habitualmente más caros, algo directamente relacionado con el coste de las reparaciones, también superior; igual que las baterías y los cables de carga.

En definitiva: en la decisión de compra priman el precio del propio vehículo y la amortización de las ayudas del Estado. La negativa del gobierno a activar el nuevo Plan MOVES II de 65 millones de euros para ayudar a la venta de vehículos eléctricos ha sido la puntilla definitiva para hundir este año el segmento que todos claman como futuro de la movilidad urbana.