Los compradores de turismos con etiqueta “cero” que tengan un sueldo medio de unos 20.000 euros anuales y reciban las ayudas aprobadas este viernes dentro del Plan Renove pagarán unos 1.031 euros en su próxima declaración de la renta, según estimaciones de los Técnicos de Hacienda (GESTHA) para Sumauto, que agrupa a los portales verticales especializados Unoauto, Autocasión y AutoScout24, entre otros.
El Plan Renove de incentivo a la renovación del parque, dotado con 250 millones, busca sustituir los vehículos más antiguos y contaminantes por otros más limpios y seguros, como los de etiqueta “ECO” y “C”. Así, en el primero de los casos, en el que los compradores pueden recibir hasta 1.000 euros en ayudas, la factura fiscal se encarecería en unos 240 euros para quienes reciben un sueldo medio. Por su parte, los compradores de vehículos con etiqueta “C”, que pueden recibir hasta 800 euros, tendrán que pagar unos 192 euros más en el IRPF, también en el caso de tratarse de asalariados medios.
No obstante, Sumauto confía en que estas nuevas ayudas generen un ‘efecto llamada’ en los compradores y movilicen aproximadamente un 20% de demanda añadida, es decir, familias y particulares que no pensaban cambiar de coche pero que gracias a estos fondos ahora sí lo harán. Esto permitirá reducir la caída prevista de las matriculaciones del 45% al 25%, según Faconauto, y aliviar la acumulación de stock y presión financiera que sufren los concesionarios.
En este sentido, desde Sumauto piden al Gobierno una exención de estas ayudas que ya por sí mismas permitirán recaudar 1.000 millones en impuestos adicionales asociados al automóvil. Sumauto explica que estos incentivos constituyen una ganancia patrimonial que debe incluirse en la base imponible general del IRPF en función de los ingresos y de la situación personal y familiar de cada contribuyente, mientras que los descuentos realizados directamente por el fabricante, concesionario o punto de venta del vehículo en cuestión no tributan por este impuesto.
Además advierte de que los compradores que no las declaren se exponen a tener que presentar una declaración complementaria, que en caso de no realizarla llevaría a la Administración a liquidar el importe correspondiente con intereses de demora e imponer una sanción por una infracción tributaria del 26,25% de la cuota dejada de ingresar. Una sanción que podría duplicarse en el caso de compradores con rentas más altas, debido a la progresividad que caracteriza a este impuesto.
Según Nicolás Cantaert, director general de Sumauto, “las ayudas para la compra de los vehículos menos contaminantes deberían estar exentas de tributar a Hacienda para así no desincentivar la demanda, ya que el aliciente psicológico que suponen se diluye al tener que tributar por ellas, máxime ahora que los hogares tienden al ahorro por la desconfianza en la economía, y los concesionarios necesitan aligerar su stock y costes financieros”.