Un pequeño placer en estos días de vacaciones de Navidad es poder leer tranquilamente este digital entre sorbo y sorbo café, sin prisas por eso de irse a trabajar. Así lo estaba haciendo ayer, día 1 de enero, cuando me topé con el siguiente titular: “PP y PSOE se acusan de bloquear el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha pero siguen abiertos a negociar”. Año nuevo y, mucho me temo, que lo vamos a pasar con el mismo Estatuto de siempre. Como siempre. Y mira que pintaban bien las cosas esta vez.
El pasado verano, cuando el grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha registraba la proposición de ley del nuevo Estatuto de Autonomía, hasta yo, escéptica por experiencia ante este tipo de anuncios, vi posibilidades a este texto, supuestamente acordado con el grupo popular. Pero parece que, como siempre, la cosa se va a quedar en nada. Sé de lo que hablo: me ha tocado lidiar en estos últimos 20 años con algún que otro intento fallido de reforma y más de un amago que nunca llegó a nada.
Una pena. Castilla-La Mancha se merece un nuevo Estatuto de Autonomía. El actual, con pequeños retoques, data de 1982 y está más desfasado que una melena con permanente. Y es que, ¿se parece en algo la Castilla-La Mancha de esos primeros años 80 a la actual? Pues eso.
Además, mucho de lo que se dice en esta propuesta me gusta como suena. Me gusta el blindaje de los servicios públicos, especialmente de la sanidad y de la educación, y me gusta que se entienda que para que la despoblación deje de cebarse con esta tierra, estos servicios públicos son más esenciales en las zonas rurales que en ningún otro sitio. Me gusta que no se olvide la cuestión del agua, pero que se haya aprendido de los errores y no se pidan ya imposibles, difíciles de aprobar en Madrid, como vimos que pasó en 2009.
También me gusta que se siga avanzando en autonomía, incluyendo herramientas de gestión como el decreto ley, que nos habrían venido muy bien durante la pandemia. Y que se hable de desarrollo sostenible, de nuevas tecnologías, de igualdad, de jóvenes… En definitiva, este proyecto, aunque mejorable como todo, me gusta.
Por lo que leo, el problema viene por lo de siempre: el número de diputados autonómicos. Desde que Cospedal se empecinó en dejar las Cortes de Castilla-La Mancha con 33 escaños -los mismos que La Rioja y la mitad de los que tiene Extremadura con un millón menos de habitantes- no hay manera de que el PP acceda a la reorganización de la cámara autonómica. ¿Las razones? No me terminan de quedar claras. Lo que sí es meridiano es que los ‘populares’ siguen marcando su línea roja en el ‘no’ a ampliar el número de diputados autonómicos. Y eso a pesar de que el Estatuto es solo el paso previo, ya que cualquier cambio numérico en los escaños requiere sí o sí de una reforma de la ley electoral (la actual es la de Cospedal de 2014).
¿Es posible el acuerdo? Pues, en mi opinión, la cuestión no es tanto si es posible, sino cuándo lo será. No hay que perder de vista que cualquier cambio estatutario debería de salir de las Cortes de Castilla-La Mancha antes de que acabe este recién estrenado 2025. Entre otras cosas porque, después de su aprobación regional, tiene que pasar el filtro nunca fácil del Congreso de los Diputados y, visto como están las cosas, mejor que entre cuanto antes, no vaya a ser a que a Sánchez le dé por adelantar -otra vez- las generales y esto pare sine die cualquier proyecto legislativo. Además, nunca es de recibo modificar un Estatuto en año electoral y cualquier cosa aprobado más allá del 2025 se aproximaría peligrosamente (las próximas autonómicas serán en mayo del 27).
Por tanto, me atrevo a decir que 2025 será el año del nuevo Estatuto o este, una legislatura más, no será. ¿Opina como yo, querido lector? Se verá.