Es enorme. Incalculable, de hecho. Lo que separa las preocupaciones de los ciudadanos de Castilla-La Mancha de sus dirigentes políticos es tan grande que no cabría ni en las carísimas pistas vacías del aeropuerto de Ciudad Real. El último ejemplo que explica esta brecha es el de la reforma del Estatuto de Autonomía.
Prueben ustedes a darse una vuelta por cualquier pueblo o ciudad de la región y escojan al azar a un grupo de cinco personas. Y háganles dos preguntas: cuál es el principal problema de su vida y si saben algo de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Me juego con ustedes un aperitivo en La Ponderosa y un menú degustación en El Bohío a que a la segunda pregunta responden todos que no. Salvo que, por cosas del azar, el ciudadano seleccionado sea político o periodista, los únicos dos grupos de personas que, por devoción o por obligación, andan enredados desde hace años con la cuestión estatutaria.
Sobre la primera pregunta, las opciones son varias. Pero me juego con ustedes un abono para la Feria de Albacete a que entraría en alguna de estas categorías: trabajo, sanidad y educación. A nivel de empleo, Castilla-La Mancha ha cerrado el año 2024 con 127.766 parados y la tasa de desempleo supera en un punto y medio a la media nacional. Si hablamos de sanidad, el 37 % de los pacientes esperan más de siete días para ser atendidos en la Atención Primaria. Además, desde que Page es presidente, ha aumentado un 13 % la lista de espera quirúrgica. El tiempo medio de espera para ser operado en Castilla-La Mancha es de 118 días. Y si hablamos de educación, baste un recordatorio: hace ya tres años que el Gobierno regional anunció la gratuidad de cero a tres años, sin que se hayan dado demasiados pasos.
Y con estos datos, da hasta la risa la obsesión del Ejecutivo de Castilla-La Mancha de seguir dándole vueltas a la reforma del Estatuto de Autonomía. Sobre todo porque, por muchas excusas que pongan, lo único que les importa es elevar hasta 59 el número máximo de diputados en las Cortes regionales, situado ahora mismo en 33 escaños. ¿De verdad el principal problema de Castilla-La Mancha es que hay pocos diputados autonómicos? La misma pregunta podría haberse hecho a la inversa en el año 2014, cuando algún sociólogo iluminado convenció a Cospedal de reducir la horquilla de 49 a 33. Ni entonces ni ahora ese numerito preocupa lo más mínimo a ningún castellanomanchego.
A nadie se le escapa que detrás de estos juegos de salón se esconden intereses no declarados que pasan por tratar de arañar representatividad en determinadas circunscripciones. Si es así, que lo es, pues que lo digan a las claras, pero que no pretendan tomar a la gente por tonta. Porque, al hacerlo, están suplantando los debates importantes -sanidad, empleo, educación- por estas pequeñeces burocráticas que solo preocupan a aquellos cuyo sueldo pagamos todos.