Leo en este mismo periódico que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido abrir la puerta de la gestión privada a los sistemas de mantenimiento y explotación del abastecimiento de agua. O sea, que el responsable de que el agua potable llegue a nuestros grifos puede ser una empresa privada.

Dice la consejera del ramo que no es una privatización sino una concesión administrativa, una externalización de un servicio público. Mire, llámelo X: externalización, concesión o privatización, pero viene a ser un servicio público más que se pone en manos de una empresa privada.

No es ni mucho menos el único, ni es la primera vez. Véase la gestión completa del Hospital Universitario de Toledo, diversos servicios vinculados a la sanidad como las lavanderías en distintos hospitales, los servicios de limpieza o jardinería en muchas administraciones o servicios que ya asumimos desde hace años externalizados como la seguridad o las cafeterías en todas las administraciones públicas. No solo en las administraciones autonómicas; en la estatal, los ayuntamientos o las diputaciones.

Cuando un servicio público se externaliza la justificación suele ser siempre la misma: no hay personal suficiente para realizar estas funciones, servirá para mejorar la calidad del servicio y nos sale más barato a los ciudadanos. Perdonen, pero no estoy de acuerdo. La eficacia de las externalizaciones es muy cuestionable en muchos casos, tanto a nivel económico como a nivel operativo. Sin embargo, sí está demostrado que muchas veces esas externalizaciones juegan en contra de los intereses de los trabajadores públicos y, lo que es igual de importante o más, no mejoran la calidad de los servicios para la ciudadanía en general. En muchos casos la privatización de servicios públicos pone más trabas o cierra la puerta a los ciudadanos, a sus quejas y a sus reivindicaciones.

Ustedes me pueden decir que las privatizaciones benefician al tejido empresarial de nuestra región y a la creación de empleo, si empresas castellanomanchegas optan y consigue esos contratos. ¿De verdad? Piensen qué tipo de empresas, en general, se presentan a concursos de externalización de las administraciones públicas, piensen en qué condiciones se presentan y qué condiciones ofrecen a sus trabajadores para que esa concesión les salga rentable. Las empresas tienen que ganar dinero, eso es obvio, y las administraciones públicas cuando externalizan un servicio quieren hacerlo al mejor precio. ¿Saben ustedes quién pierde en ese sándwich? El relleno; o sea, los trabajadores.

Llámenlo X: privatización, concesión o externalización, pero como realmente se llama es deterioro del servicio público, ataque al trabajo de los funcionarios de las administraciones y, como mínimo, incertidumbre para la ciudadanía. Me llamo Ángeles y estos son mis demonios.