Resulta increíble que la anulación de pleno derecho, por parte del Juzgado Contencioso Administrativo número dos de Toledo, de la comisión de investigación abierta al principio del mandato del actual presidente de la diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, contra García-Tizón haya pasado prácticamente de puntillas por los medios regionales y nacionales. Y lo es mucho más cuando desde el uno de octubre pasado hemos asistido en Cataluña a la utilización de una institución como el Parlamento regional para hacer mangas y capirotes bajo la capa de una supuesta legalidad.

El juez ha declarado nula la comisión, así como el acuerdo de reprobación y censura de García-Tizón y su  gobierno, “al faltar una norma que permitiera su creación”…, lo que indica que simplemente se inventaron una norma y una comisión sin ninguna base legal, algo que desgraciadamente hemos visto repetidamente durante estos meses en Cataluña, personificado en la persona de doña Carmen Forcadell y sus continuos oídos sordos a las advertencias, incluso de los letrados del propio Parlamento.

Y por si no fuera grave una actuación en la que durante días se utilizaron los medios de todos sin ninguna base legal, el juzgado añade que sólo trataban de hacer “un verdadero juicio político del anterior Gobierno de la Diputación” y que para poder poner en marcha un comisión de investigación de ese  tipo debería “estar precedida de la aprobación de un Reglamento Orgánico a modo de disposición general que la regulase”. Algo, que no existía, pero que tras la celebración del auto de fe inquisitorial, los nuevos defensores de los métodos del viejo Santo Oficio se apresuraron a aprobar. Un dislate de retorcimiento de la legalidad en la que primero se condena al reo y luego se prueba la ley con la que se le ha condenado. El juzgado no puede ser más claro: “La prueba más palpable de que con carácter previo debió existir un reglamento orgánico que amparase la citada comisión de investigación es que posteriormente al Pleno objeto de recurso, en una sesión plenaria extraordinaria, de fecha de 30 de octubre de 2015, se aprobase el régimen de Organización y Funcionamiento de las Comisiones Especiales de la Institución Provincial”.

Pero una actuación tan grave en un Estado de Derecho, como es constituirse en una  comisión de investigación sin ninguna base legal ha pasado, con muy contadas excepciones, prácticamente inadvertida en todos los medios.

En la Diputación de Toledo el reflejo del Santo Oficio de la Inquisición y los Puigdemot, Forcadell y los golpistas de octubre, ha sido algo más que una sombra alargada. Cuando se va contra una pieza de caza mayor como García-Tizón, cualquier cosa está justificada. Lo dice un juzgado.