A la gestión de la actuación “integral” sobre los jardines del Prado de Talavera, le achacan algunos los sorpresivos resultados en las elecciones municipales y la consiguiente pérdida de la alcaldía de Tita García. Ahora, con apenas tres meses en la alcaldía de José Julián Gregorio, se ha convertido en el tema estrella entre la oposición del PSOE y el gobierno PP-Vox en el intento de imponer sus razones, y como se dice ahora, su correspondiente y contrapuesto relato.

Ya  dije por aquí que la cosa olía muy mal cuando unos meses antes de las elecciones las obras se ralentizaban y cada día que pasaba estaba más claro que el Prado no estaría abierto antes de que fuéramos a votar. Y ya se sabe también que  cuando una obra pública baja el ritmo, marcha a tirones como los ciclistas que se quedan sin fuerzas, las recuperan milagrosamente y vuelven a entrar en crisis, es que falta la energía vital que las mueve, que no es otra que el dinero.

Las  diversas administraciones públicas están mal acostumbradas a pagar casi siempre tarde y mal y el contratista sólo tiene el arma de paralizar la obra cada vez que las certificaciones de obra no son realizadas a su tiempo. El dinero engrasa la maquinaria y todo rueda como se  supone que debe rodar, pero cuando el dinero falla, sea por el motivo que sea, todo se viene abajo. En este caso está muy claro que el dinero dejó de fluir como debiera en los tiempos de la alcaldesa Tita García y tampoco se mueve en los del alcalde José Julián Gregorio. La maquinaria no anda y el Prado tan empantanado con uno como con el otro.

Hace unos días, David Moreno, vicealcalde de Vox, ha salido a dar explicaciones de cómo están actualmente las cosas, y la verdad a uno le parece que, como no haya un milagro que desatasque la situación en las discrepancias entre la empresa y el Ayuntamiento, los talaveranos tendrán su Prado cerrado para rato.

Si uno no ha entendido mal las principales discrepancias se dan en las modificaciones de obras, imprescindibles según unos y sometidas a los controles y procedimientos legales administrativos y la interpretación de los que están ahora como caprichos innecesarios de la anterior alcaldesa.

Puestas las cosas así, la empresa reclama sobre las modificaciones realizadas y el actual equipo de gobierno se resiste a pagar obras no existentes en el primer proyecto.

Y para acabarlo de arreglar el más de millón de euros procedentes de fondos europeos, y en los que uno piensa que se basó la arriesgada decisión de poner el parque más importante de Talavera patas arriba durante unos meses, corren el peligro de que nunca lleguen, y tenga que ser el Ayuntamiento talaverano, en realidad  todos los vecinos que pagan sus impuestos, los que apechuguen con la totalidad del coste de la obra.

La posibilidad de que el parque pierda su categoría de Bien de interés Cultural, que unos y otros interpretan de muy distinta manera, añade otro elemento dramático y otro motivo de polémica más a una situación imposible de ver con una mirada optimista.