La publicación la semana pasada en un diario de tirada nacional de nuevos papeles de Bárcenas nos ha recordado el año en el que comenzó todo. Una época de corrupción en Madrid que se inauguró con un acto corrupto. Extrañamente, o no tan extrañamente, la noticia se ha limitado al diario que lo publicó –los demás lo han ignorado– como ocurriera en la ocasión con la compra de dos diputados de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Sucedió en un tiempo ya lejano, aunque en un lugar cercano
En el tórrido julio del 2003, en la sede de la Asamblea de la Comunidad, se preparaban para elegir un gobierno de izquierdas. Pronto, sin embargo, aparecieron nubes que presagiaban tormentas. En los minutos anteriores a la votación decisiva faltaban dos diputados del PSOE. Nervios, dudas, llamadas histéricas, incluso preocupación por si una tragedia – un accidente, un secuestro – hubiera sucedido. Los diputados habían desaparecido como en un agujero negro. Sabríamos, después, que los dos diputados fueron instalados en un hotel para evitar su comparecencia en el momento de la votación. Saldría elegida Dña. Esperanza Aguirre.
La nueva presidenta de Madrid se apresuró a convocar elecciones en octubre. Urgía “regularizar” su mandato con una votación popular y blanquear su acceso al gobierno de la Comunidad mediante un soborno de tipo mafioso. Con los nuevos papeles de Bárcenas, aparecidos la semana pasada, hemos sabido que en la campaña electoral ya funcionaron las donaciones no declaradas, las aportaciones en expectativas futuras, las reservas del 1% en las adjudicaciones. La izquierda se ocultó desmoralizada. La derecha resplandecía plena de orgullo. Obtenían lo que les pertenece –el poder- que un pueblo equivocado les había arrebatado. Dña. Esperanza Aguirre iniciaba su andadura firme y castiza para convertirse en “lideresa”, aplaudida por los medios y por la ciudadanía. Era otra, distinta a la que habíamos conocido. ¡Es el milagro transformador de los recursos de las administraciones públicas! La parte privada de la trama solo esperaba la normalización de las adjudicaciones burocráticas para que los presupuestos de la Comunidad nutrieran sus cuentas corrientes. Sobre la base de un acontecimiento profundamente inmoral, se iniciaba una época que culminaría con la dimisión de Dña. Esperanza Aguirre. Más tarde dimitiría Dña. Cristina Cifuentes, un presidente y varios consejeros y viceconsejeros están implicados en causas judiciales. La corrupción llegó no solo a individuos abstractos como se ha pretendido explicar, sino al propio partido. Por esta razón, el Sr. Rajoy tuvo que afrontar – de mala manera - una moción de censura, puesta por el Sr. Sánchez, de la que aún padecemos sus consecuencias.
Aquellos sucesos no fueron hechos individuales en un ámbito restringido, como se dice. En un país con una sensibilidad democrática menos tosca que la nuestra hubiera resultado una catástrofe. Nadie quiso saber nada de lo ocurrido. Se formularon investigaciones, más aparentes que profundas. Los corrompidos se movieron con libertad, los corruptores continuaron en sus negocios. Se impuso el silencio. Espeso, condescendiente. Ni siquiera al PSOE le interesó indagar en los fangos de aquel pantano. Tampoco a los medios de comunicación. Había que olvidar, deprisa, deprisa. Y si la cosa saltaba, quedaba la judicatura. Los procedimientos se alargan hasta el infinito, los expedientes se pierden, se roban o se agolpan en las estanterías, los jueces cambian de destino, algunos de los implicados fallecen, los plazos prescriben, los juicios se convocan muchos años más tarde de lo ocurrido, los procesos se trocean y se eternizan y las sentencias se hacen esperar. De esta manera, a la italiana, la democracia se bloquea y la sociedad desconfía de ella. Momento en el que vivimos.