“Se lo voy a decir muy clarito, muy clarito, como alcaldesa y, en este caso, como vicepresidenta de la FEMP, estamos muy cansados, muy cansados, del victimismo y la polémica permanente entre el Estado y la Comunidades Autónomas. Porque en España no hay solo 17 Comunidades Autónomas, también hay 8.131 Ayuntamientos y las alcaldesas y los alcaldes de todos los partidos políticos en general necesitamos más recursos”. La intervención continúa relatando las actuaciones de los municipios durante el Estado de Alarma. Con esta declaración enunciaba la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, una de las más trascendentes reivindicaciones políticas de los últimos años. El papel de los Ayuntamientos y los escasos fondos de que disponen. Y ha surgido, cuando se producía la polémica –la última, de momento- por los repartos de fondos para hacer frente a los gastos de la pandemia.

En relación a su potencial político, las declaraciones de la alcaldesa de Toledo no han obtenido el impacto nacional previsible. Ni interesa, por supuesto, a los aludidos ni a los medios de comunicación nacionales. Durante el desarrollo del modelo autonómico se ha obviado el fundamento democrático de base de los Ayuntamientos y su valor al servicio de los ciudadanos. Las Comunidades Autónomas han atraído todos los recursos y han monopolizado los encontronazos con los gobiernos. La colisión siempre tiene mayor atractivo para los medios de comunicación, necesitados de espectáculos con emociones fuertes, que la cohesión territorial que aportan los municipios. Las Comunidades de un color distinto al partido que está en el gobierno se enfrentan a él, porque sus partidos las emplean como munición de sus estrategias de oposición. La Sra. Ayuso es el paradigma. Las del mismo color, porque se ventilan cuestiones de poder interno o colocan dinamita al presidente para ocupar su puesto en un descalabro futuro. Las declaraciones de la alcaldesa de Toledo han visibilizado, por lo demás, el cansancio de los ciudadanos, y de muchos militantes de los partidos, que han vivido, asustados, las polémicas “ad nauseam” entre el Gobierno y las Comunidades, a cuenta del virus, pero sin preocuparles el virus. ¿O tenían algo que ver la repulsa de Bildu o las descalificaciones a Ciudadanos por haber apoyado al Gobierno en una prórroga del Estado de Alarma?

Desde que si inició la descentralización del Estado surgió el virus del victimismo y la queja. Los nacionalistas, catalanes y vascos, preferentemente, utilizaban ambos recursos en sus negociaciones con los Gobiernos de la Nación y preparaban el terreno para los primeros pasos de los movimientos independentistas de los últimos años. Los Ayuntamientos quedaban reducidos a meros comparsas en el inacabable tira y afloja de demandas de competencias y de acaparamiento de recursos públicos de las CCAA. Los municipios debían apañarse con lo que pudieran. Y por contagio, la afección victimista se extendió al resto de Comunidades, que vieron en estas prácticas una formula fácil de diluir responsabilidades o de promoción política individual. Oponerse al Gobierno de la Nación proporciona empaque nacionalista.

Durante los meses de aislamiento, los Ayuntamientos han estado tan callados como los ciudadanos. Han hecho lo que han podido con sigilo y dedicación. Ni una palabra de más, ni una reivindicación en medio de las exigencias del virus. Tanta ha sido la prudencia de los alcaldes que algún periodista entusiasmado proclamó al Sr. Almeida el mejor alcalde de España. ¡Por sus silencios! Sin entrar en tan pretenciosos elogios, hay que aplaudir la actuación discreta de los Ayuntamientos en medio de las turbulencias por las mascarillas, las batas, los respiradores o las muertes en las residencias. Ruido y más ruido, en ocasiones oportunista, para encubrir otras cuestiones. Y, de paso, dar cera al Gobierno de la Nación.