Disculpen que me cite, pero es necesario para justificar que lo que escribo no son inventos personales o discursos demagógicos para desorientar al lector, sino lecturas de la realidad política cotidiana, con cuyas apreciaciones se puede estar de acuerdo o en desacuerdo. En un artículo publicado el martes pasado sostenía que el PP había descubierto ser inmune a la corrupción que asola a este partido, desde los gobiernos del Sr. Aznar a los del Sr. Rajoy. Se mezclan las tramas Gürtel, Púnica, Kitchen, obras de Génova con otras territoriales. Un denso tejido que compone el tapiz de la corrupción de la derecha española de la democracia reciente sin que repercuta en el voto de sus seguidores. 

El poder de la Comunidad de Madrid lo consiguió el PP con un acto netamente corrupto: la compra de dos diputados en el llamado “caso Tamayo”. De un acto corrupto no podían surgir más que otros actos corruptos. Apareció así “la trama Púnica”. Un conjunto de actuaciones corruptas que implicaba a los dirigentes del PP de Madrid. Sin embargo, tantos fueron los casos y tan abultada la documentación que, como ya es habitual en los procedimientos de la justicia española, se optó por trocearse el “Caso” en piezas separadas. Se supone que con ese sistema resulta más fácil establecer los delitos y emitir sentencias ajustadas.

La realidad, en cambio, ha demostrado otra cosa. Troceadas las causas, se almacenan hasta el momento del juicio, pero en muchos casos prescriben, se olvidan los hechos, se extravían documentos, desaparecen de la memoria pública. Algo similar ocurría en Italia en los tiempos fabulosos de la Mafia. En una de esas partes, que estaban pendientes en la fiscalía de pasar a ser enjuiciados, uno de los fiscales, los otros dos no han firmado el Informe, se ha decidido no inculpar a la Sra. Esperanza Aguirre y al Sr. Ignacio González. Se mantiene, sin embargo, la acusación para un conjunto de actores menores.

Escribía en el texto de la semana pasada que a conseguir la inmunidad del PP por la corrupción ayudaba la Justicia. La decisión de un fiscal de no imputar a los máximos responsables del partido y del gobierno de Madrid, Sra. Aguirre y el Sr. González, desactiva, como ya sucediera en la “Operación Kitchen,” la dimensión política de la trama. Quienes permanecen acusados, solo secundarios, soportarán las molestias de sentarse en el banquillo, aunque los indicios y otros precedentes permiten intuir que las sentencias serán benignas. Es decir, otro caso de corrupción, de los muchos que han alcanzado al PP, que se cerrará sin responsabilidades políticas, penales ni sociales.

Sin embargo, hay que notar un comportamiento, cuando menos curioso, tanto de jueces como de fiscales. Redactan sus sentencias o emiten sus informes consignando los hechos que implican a los encausados. No ocultan su participación. Da la sensación que emiten documentos y sentencias para la Historia, no para sancionar conductas presentes. No pueden negar los hechos, pero, por razones que se nos escapan, prefieren obviar las partes punitivas de los procesos que afectarían a los actores más cualificados. Siempre cabrá la duda de si lo hacen por mala conciencia o por un mero alarde de poder. Lo cierto es que son ya varias las sentencias judiciales e informes de las fiscalías que reconocen la participación activa en los hechos de los responsables políticos y que finalmente son excluidos de los procesos mediante piruetas dialécticas o la quiebra de los discursos argumentativos.

Con tales decisiones solo quedan para ser juzgados actores secundarios que saldrán del proceso poco o nada dañados. Con tales técnicas ni se acaba con la corrupción ni se ejemplifica a la sociedad, sino que sirven para inmunizarse contra la misma.