Escribámoslo, dejando las ficciones democráticas para otros momentos. Las dos instituciones que pasaron directamente, sin renovación ni apenas reformas, del franquismo a la democracia fueron la Justicia y la Iglesia. No cambiaron, no se movieron, continuaron como si España no se hubiera implantado un sistema democrático. Ningún gobierno se atrevió con ellas. La Iglesia mantiene sus privilegios y algunos de sus actos no difieren en nada de los tiempos del franquismo. Pero no es del estropicio de una Iglesia, ultraconservadora y resistente a cualquier modernización, de quien voy a escribir, sino de la Justicia, una institución fundamental de la democracia que, en los últimos años está experimentando, en palabras del Sr. Lesmes, presidente del Consejo del Poder Judicial, un estropicio de dimensiones, tal vez, irreversibles.

No es el Gobierno de la Nación el que está causando el estropicio en la Institución como algunos, con ceguera voluntaria o partidaria, sostienen. El gobierno ha pretendido cumplir los plazos constitucionales, establecidos por consenso, cuando se decidió poner los cimientos de una reforma del Consejo del Poder Judicial. Esa reforma debía, a su vez, transformar las bases de una justicia para una sociedad democrática. Sin embargo asistimos a una involución conservadora al servicio de unos intereses corporativos e ideológicos igualmente conservadores. Contemplamos un combate, que inició y ha mantenido el PP, al que se ha incorporado, ya sin tapujos ni disimulos, la judicatura conservadora. Situada la mayoría del colectivo ideológicamente en la derecha, los ciudadanos asisten, escépticos, a comportamientos, decisiones y sentencias que destilan ideología en sus considerandos motivacionales. Lo blanco ha dejado de ser blanco, y lo negro ya no es negro, nadie se atreve a especular con los límites de una justicia que no atiende a la seguridad jurídica como principio esencial. Intervienen la arbitrariedad, el bloqueo sistemático, la burocracia, la parcelación de procesos que, aislados, facilitan la absolución, la filiación ideologica ¿Dónde queda la independencia del poder judicial, un poder imprescindible en las democracias, cuando su trayectoria transcurre al margen de la ley? ¿No es el más grande estropicio que, quienes tienen la responsabilidad de la administración de la justicia y velar por el cumplimento de la Constitución, se salten esas obligaciones?

El PP, cuando llegó el momento de renovar el Consejo de los jueces, tal como está previsto en las normas constitucionales, se negó a la renovación. El presidente del PP, Sr. Casado, utilizó todo tipo de artimañas, para obviar los mandatos legislativos de renovación del Consejo o del Tribunal Constitucional. Desde entonces llevamos más de tres años y medio de dilaciones que se pretenden cargar en el debe del gobierno. Deambulamos en una cienaga institucional al que las gentes más lucidas de la derecha han decidido no mirar. La resistencia de la derecha a cumplir las leyes se presenta como un enfrentamiento con el gobierno porque, en su expresión, quiere controlar la Justicia. Nada diré de las contradicciones que el discurso encierra, cuando se conoce abiertamente la ideología conservadora de la mayoría de la judicatura.

La defenestración exprés del Sr. Casado pareció abrir un tiempo nuevo con el nuevo presidente, Sr.Feijóo. Puro espejismo. Con él se está cuestionando radicalmente la democracia, al menos la que conocemos. Siguiendo el modelo "trumpiano", la resistencia al gobierno ha pasado de la política a los jueces quienes, con total desprecio de la Institución y la democracia, se han conjurado para que no se cumplan -lo hacen quienes deben aplicar las leyes– los principios constitucionales. Los jueces no solo quieren ser un poder del Estado, sino que aspiran a controlar los poderes legislativos y gubernativos. Son los tanteos iniciales de un gobierno paralelo de los Jueces. La resistencia de los jueces y de la derecha adquiere así una dimensión antidemocrática espelúznate. ¿No es esto un estropicio de proporciones calamitosas?