Existen demasiadas guerras a nuestro alrededor como para no contagiarse del vocabulario bélico. Es el lenguaje que emplea el Sr. Feijóo cuando equipara su trabajo de oposición con una guerra que, anuncia, "sin cuartel". Es decir, sin reglas, empleando todos los medios inimaginables e imaginables, llámense instituciones democráticas, comunidades autónomas, ayuntamientos, órganos judiciales, parlamento de la nación, tribunal constitucional, falsedades, manifestaciones en la calle, cuanto sea necesario. La oposición ya no consiste en ofrecer a los ciudadanos unos proyectos y programas que puedan convencer de la bondad de sus iniciativas frente a las del oponente. Supone menos esfuerzo crear un enemigo difuso y situarlo en una patria de contornos imprecisos. No se definen las fronteras de la patria, solo que tiene enemigos. ¿Entra dentro del mapa patriótico Cataluña? ¿Y el País Vasco? No se sabe. Últimamente son enemigos, pero si conviniera, dependerá, pueden ser amigos.

En un contexto bélico simplificado, cualquier pacto del gobierno se convierte en humillación, en pérdida de la dignidad, en claudicación, en derrota, en el destrozo de la patria, en una cuestión de principios morales. Son comportamientos característicos de los regímenes autoritarios. Tanto en los imaginarios como en los reales. En la novela de Orwell "1984" se describen estos fenómenos. Si siguen los discursos de Maduro, Ortega o Putin escucharán argumentos similares. En un escenario así lo que cuenta es la guerra contra una enemigo fijo. Y lo primero que hay que hacer es destruir; después, ya se planteará la reconstrucción de la patria maltrecha. De momento lo que interesa es no dejar nada en pie. Lo estamos viendo en la más reciente guerra de Israel contra Gaza. O en Ucrania. Pero antes fue la guerra de Siria o las guerras en África. De la comprensión de la oposición como guerra sin cuartel nacen las declaraciones cada vez más violentas, la descalificación de las instituciones, el ruido del combate, el olor metafórico a napalm.

En la guerra que la oposición libra en España, una de las víctimas significativas son los jueces y magistrados. Hemos visto, estupefactos unos, encantados otros, cómo los jueces, aplicadores e interpretes de la ley, se manifestaban a las puertas de los juzgados contra una ley cuyo texto aún no estaba escrito.

Hemos escuchado, sorprendidos, cómo se firmaban pronunciamientos contra el anuncio político de una ley del Gobierno. Estamos viendo, escandalizados unos, entusiasmados otros, cómo un juez activa o desactiva unos procedimientos judiciales en función de las enmiendas de una ley que se tramita en el Congreso de los Diputados. Aunque las escaramuzas en la justicia vienen de antiguo. Va para casi seis años la paralización del Consejo General del Poder Judicial, órgano básico del funcionamiento de la justicia. Los consejeros que se debían renovar, no se han renovado. El pretexto es que el Gobierno quiere controlar la institución. Pero se oculta la historia completa. No se cuenta que en el año 2001, siendo presidente el Sr. Aznar, hizo una ley para regular este órgano. Aprobada la ley, fueron nombrados los consejeros correspondientes con el apoyo del partido socialista. En el año 2012 el presidente, Sr. Rajoy, modificó la ley del Sr. Aznar. Y propuso a los consejeros que debían ser propuestos por las Cámaras en pacto con los socialistas. La cosa se torcería cuando cambió el signo del gobierno. Los socialistas, con la misma ley del Sr. Rajoy, propusieron nombrar nuevos consejeros de este órgano tal como estaba regulado. El PP se negó en rotundo. Han pasado cinco años y medio con unos consejeros caducados. La diputada Sra. Álvarez de Toledo, en una intervención de evocaciones bélicas, afirmó que no entregarían a los socialistas el órgano de gobierno de los jueces. Y todo sucede en nombre de la independencia del poder judicial.