Es un vacío/laguna/error de nuestro sistema democrático el que unas personas con altas responsabilidades públicas acusadas de delitos tan graves y que atacan a la yugular de la convivencia entre españoles se puedan presentar a ninguna elección, ni siquiera a la de la comunidad de propietarios de su escalera.

Es cierto que aún no están condenados por ello ya que no hay una sentencia que así lo establezca. Pero también es cierto que están en situación de prisión preventiva y que nuestro sistema penal así lo permite. Estamos ante una medida preventiva que implica la restricción del derecho fundamental a la libertad de movimiento.

Pues bien, restringir o suspender el derecho a la participación política o pública mientras dure el juicio penal en casos como el presente de tanta gravedad, sería una medida totalmente compatible, acorde y complementaria con esa otra de prisión preventiva y de la que nuestro sistema democrático no se debe resentir en absoluto, más bien al contrario, sería congruente con el (presunto) ataque a la convivencia entre españoles, también por tanto, se podría considerar una medida preventiva contra el desprecio a la Ley y a la participación democrática en los asuntos públicos.

Estamos ante una reforma penal pendiente.