Cultura, biodiversidad, riqueza, cosmopolita, y al parecer, en la última década, con un cambio de enfoque para el turismo, los negocios y la política internacional.

Familiar, fraternal y divertida, esa es mi Colombia.

Del otro lado un maldito conflicto con más de 30 años que deja secuelas, una sociedad dividida entre lo que se cree izquierda y derecha, haciendo enemigos a la población de a pie, un país con más de un 40% de pobreza y enormes desigualdades sociales donde los jóvenes se ven sin futuro y los mayores están llenos de miedo por la pandemia, donde el efecto ,“rana a la que le van calentando el agua lentamente hasta morir”, va haciendo que perdamos el respeto y valor profundo por la vida, sin distinciones ni diferencia, sin justificaciones, sin un “ellas y nosotras”, la vida en sí misma como un Derecho Humano y fundamental. Me temo, lamentablemente, que esto valdría para varios escenarios nacionales e internacionales actuales.

Recientemente, la Secretaria General de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, envió una carta abierta al Presidente Iván Duque en la que expresa la preocupación del movimiento por la grave crisis de derechos humanos que vive Colombia en el contexto del Paro y le pide al presidente que intervenga inmediatamente para poner fin a las violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional ha documentado el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y múltiples violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, incluyendo la desaparición forzada y la violencia sexual. La garantía de los derechos a la vida y a la integridad de las personas que se manifiestan pacíficamente debe ser el eje central de la actuación de las autoridades.

Los estándares internacionales de derechos humanos son contundentes en exigir que el uso de la fuerza por parte de la policía en el manejo de manifestaciones debe ser un último recurso y guiarse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. El uso de la fuerza para mantener el orden frente a situaciones que no supongan una amenaza concreta a la vida o integridad física de terceros se considera un uso desproporcionado de la fuerza, y por ende contrario a los estándares internacionales.

Aunque la mayoría de las manifestaciones son pacíficas, ha habido también denuncias de destrucción y daño de mobiliario urbano público y privado, así como obstrucción de las vías públicas. Sin embargo, algunas expresiones violentas aisladas no pueden ser motivo para estigmatizar todas las manifestaciones como violentas, ni para reprimirlas violentamente. Ha sido una movilización masiva esencialmente pacífica, aunque ha habido hechos de violencia totalmente inaceptables, como la tentativa de quemar policías en una de las noches más duras en Bogotá.

La estigmatización de la protesta social solo genera represión y violaciones de derechos humanos, así como un ambiente de desconfianza en las autoridades que no conduce al establecimiento genuino de canales de diálogo.

Amnistía Internacional ha suscrito una firme petición global de650 organizacionesde la sociedad civil demandando una exhaustiva investigación sobre las violaciones de derechos humanos en el contexto de la represión, y haciendo un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que solicite la anuencia del Estado colombiano para visitar el país e instalar un mecanismo independiente de personas expertas que colabore con la investigación de los hechos y garantice justicia para las víctimas.

En medio de este doloroso escenario, todas las colombianas y colombianos que nos encontramos fuera, y el resto del mundo, que estamos ausentes pero no indiferentes, pedimos paz, diálogo, consenso, requerimos un liderazgo claro y lúcido por todos lados, tanto presidencial como de los promotores del paro. Es momento de parar y tender puentes.

Évelin R. Molano. Albacete