El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó esta semana de que un juez de control en asuntos de terrorismo del Ministerio Publico ha ordenado la captura de cinco personas juramentadas el pasado 5 de enero como miembros de la junta directiva de la Asamblea Nacional 2016-2021, que se abroga la legitimidad y representatividad del Poder Legislativo del país. En concreto, las órdenes de aprehensión y alerta roja internacional son contra las exparlamentarias Dinorah Figuera (presidenta) actualmente residiendo en Valencia, Marianela Fernández (primera vicepresidenta), residente en EEUU, y Auristela Vásquez, segunda vicepresidenta, que trasladó recientemente su residencia desde Madrid a un pueblo de Toledo.

Las exdiputadas “dicen ser directivas de una Asamblea Nacional que caducó en 2021”, señaló Saab. El fiscal general de Venezuela mencionó de igual forma las medidas en contra de José Figueredo Márquez y Luis Alberto Bustos, nombrados secretario y subsecretario respectivamente. El gobierno de Maduro solicita además contra estas cinco personas medidas de incautación, aseguramiento de bienes, bloqueo e inmovilización de cuentas y prohibición de enajenar o gravar bienes.

El anuncio del Ministerio Público venezolano se produce después de que el pleno de la Asamblea Nacional paralela, con la mayoría de las organizaciones opositoras Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, decidiera descabezar el llamado gobierno interino, presidido por Juan Guaidó, que nunca tuvo el control territorial de Venezuela.

Washington no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela porque considera que las elecciones de mayo de 2018, ganadas por el mandatario, no fueron justas, libres y transparentes. Pero en cambio España, tras apoyar al grupo de más de 60 países que desconocieron a Maduro y obtuvieron el control de algunos activos de Venezuela en Estados Unidos y el Reino Unido, ha reanudado su relación diplomática con el régimen chavista. A finales de 2022 nombró un nuevo embajador en Caracas.