Tal como ha informado EL DIGITAL CLM, el ex secretario de Estado de Defensa y exalcalde de Toledo Agustín Conde se incorporará a la compañía Escribano Mechanical & Engineering, especializada en la industria de defensa, aeroespacial y seguridad, como director general de la misma. El que fuera número dos de María Dolores de Cospedal en el Ministerio de Defensa recibió el pasado mes de febrero la autorización de la Oficina de Conflicto de Intereses "por no haber adoptado ninguna decisión en relación a dicha compañía durante su función pública".

Así lo recoge el Portal de Transparencia, con fecha del 5 de febrero de este año. Conde, abogado de profesión, había recibido también autorización antes para el ejercicio de la abogacía y consultoría de empresas como autónomo.

La noticia se conocía el pasado miércoles y ayer jueves El País destacaba en portada un artículo con un significativo titular en contra del político toledano y, de paso, también de la exministra Cospedal: “El ex ‘número dos’ de Cospedal ficha por una empresa a la que favoreció Defensa”. Según el diario de Prisa, “en noviembre de 2017, cuando Conde era número dos de Defensa, el Consejo de Ministros aprobó una modificación del programa del nuevo blindado 8x8 del Ejército para que se probara la estación de armas de Escribano. Ese cambio elevó el presupuesto en 2,6 millones”.

Recuerda el periódico que la ley fija un periodo de incompatibilidad de dos años después del cese, durante el cual los altos cargos “no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”. Al no haber cumplido aún este periodo, Conde ha tenido que pedir permiso a la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que ha considerado que su caso no vulnera el régimen de incompatibilidades.

El País cuenta una sucesión de hechos hasta que se validó la estación de armas de Escribano Mechanical & Engineering para poder ser adjudicataria en los futuros contratos del programa 8x8, que prevén la adquisición de hasta 998 blindados por un total de 3.836 millones. Entre el 10% y el 30% de este importe, en función de los equipos electrónicos que incorpore, corresponde a la torre que fabricaría Escribano. Y se pregunta: “¿Cómo es posible entonces que, según el dictamen de la Oficina de Conflictos de Intereses, no participase en una decisión de tanta trascendencia para la política de armamento y que afecta directamente a la empresa que le ha contratado?”.

Agustín Conde ha sido muy claro y tajante al respecto, al asegurar a El País que la modificación del contrato del 8x8 “ha sido considerada en el expediente” de la oficina de conflicto de intereses y que esta no ha apreciado incompatibilidad alguna: “Lo que no puede hacer y lo que sí un ex alto cargo lo marca la ley y su interpretación no le corresponde a la prensa sino a un organismo que depende de un Gobierno que además no es el mío y ya se ha pronunciado”, ha dicho.

Al preguntarle acerca de por qué no ha esperado dos años para fichar por la empresa, también ha sido muy claro: “¿Y por qué habría de esperar? Soy un ciudadano privado, tengo derecho al trabajo y respeto los límites que me marca la ley”.

Se puede decir más alto, pero no más claro.