El Ministerio de Hacienda ha concedido 11,5 millones de euros de incentivos regionales a nueve empresas de Castilla-La Mancha para la realización de diversos proyectos de inversión por un valor superior a los 90 millones de euros. La subvención está dirigida a fomentar iniciativas empresariales en determinadas regiones del Estado, y poder repartir equilibradamente de esta forma las actividades económicas dentro del territorio nacional.
Las empresas beneficiarias en Castilla-La Mancha son Aquadeus, S.L. (agua mineral natural) en Robledo (Albacete), con una inversión de 10,3 millones recibirá una subvención de 1 millón y un compromiso de empleo de diez nuevos puestos de trabajo; Aluminios Cortizo, de Manzanares (Ciudad Real), 4,3 millones de inversión, medio millón de subvención y 13 puestos de trabajo; Essentia Tarancón Hotel, de Tarancón (Cuenca), 6,4 millones de inversión, una subvención de ochocientos treinta y tres mil euros, y 9 puestos de trabajo creados; Universal Farma (multinacional farmacéutica) de Azuqueca de Henares (Guadalajara), seis millones de inversión, con uno de subvención y 16 nuevos puestos de trabajo; e Iberfrasa, S.L, (productos cuidado personal y perfumería) de Quintanar de la Orden (Toledo), 11,9 millones de inversión, 2,8 de subvención, y 65 empleos;
Se beneficiarán igualmente de estas subvenciones para el fomento de iniciativas empresariales en Castilla-La Mancha Extrusiones Toledo (perfiles de aluminio), en el polígono industrial de la capital regional, con una inversión de 10,2 millones, 1,5 de subvención, y 40 nuevos puestos de trabajo; Joma Sport (fabricación artículos deportivos), de Portillo de Toledo, con 4,1 millones invertidos, medio millón de subvención y 10 nuevos puestos de trabajo; Bormioli Rocco (fábrica de vidrio) de Azuqueca de Henares (Guadalajara), una inversión de 17,05 millones y subvención de 1,8 servirán para crear 34 puestos de trabajo; y Ehlis, S.A. (ferretería) en Illescas (Toledo), que ha recibido una subvención de 2,2 millones de euros gracias a una inversión de 20,7 millones de euros y 18 nuevos puestos.
La orden establece que el incumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa vigente, de inversión, y puestos de trabajo creados, los beneficiarios estarán obligados a reintegrar las cantidades que hubieran recibido, con abono de los intereses legales correspondientes y del recargo y sanciones, si proceden, sin perjuicio de la aplicación, cuando proceda, de los preceptos sobre delitos contra la hacienda pública.