EL ESPAÑOL desvelaba en primicia el pasado fin de semana la existencia de una organización constituida presuntamente por un grupo de empresas del sector de la aviación que, con la colaboración interesada de funcionarios y políticos de diversas administraciones y partidos, habría logrado hacerse a lo largo de los últimos 20 años con la mayoría de contrataciones públicas -por valor de al menos 151 millones de euros- de aeronaves destinadas a la extinción de incendios forestales en España.

A la espera de que se celebre el juicio de este caso en la Audiencia Nacional, el fiscal anticorrupción Carlos Alba traza en su escrito de conclusiones dos décadas de gestión fraudulenta en la extinción de los fuegos declarados en los campos y bosques de Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, Castilla-La Mancha o Cataluña. 

Días después de la publicación en primicia de dicha información, el partido político Ciudadanos ha pedido al Gobierno castellano-manchego que dé "todas las explicaciones" sobre este asunto, que la lideresa liberal en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha definido como "muy turbio". 

Picazo ha exigido a la Junta de Comunidades "que aclare qué mecanismos de control se han establecido para evitar estas prácticas que están siendo investigadas desde 2018", entre ellas inflar artificialmente los precios en los contratos públicos a cambio de dinero en metálico, regalos y el pago de cacerías o viajes. 

"La gestión de lo público es sagrada y la transparencia es obligatoria", ha defendido la coordinadora general de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, un partido que ha comprobado que "varias de las empresas que aparecen en la noticia efectivamente han recibido contratos de la Junta, algunos de ellos muy importantes", según han afirmado en una nota de prensa.

"Nosotros vamos a llegar hasta el final. Llevaremos este asunto al próximo pleno (en las Cortes de Castilla-La Mancha) y ya hemos solicitado de manera formal información sobre todas las contrataciones de estas empresas", ha avanzado Picazo.