Una empresa castellano-manchego, concretamente de Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real, financió presuntamente de manera ilegal distintas actividades de campaña del PSOE en la Comunidad Valenciana en los años 2007 y 2008, según ha informado El Español en una amplia e interesante información. Se trata de la empresa Gigante, según consta en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el que se detalla que el PSOE utilizó presuntamente el mismo método de financiación ilegal que la trama Gürtel.

Tal como explica El Español, el PSOE financió con dinero procedente de donaciones ilegales de grandes empresas facturas de la campaña de la exministra de Cultura Carmen Alborch, fallecida en 2018, candidata socialista al Ayuntamiento de Valencia en las municipales de 2007; y de María Teresa Fernández de la Vega, candidata por Valencia al Congreso de 2008 y actual presidenta del Consejo de Estado.

Una de las sociedades que a juicio policial habría financiado la campaña de Alborch es Gigante, con sede en Tomelloso (Ciudad Real), y la Guardia Civil ha obtenido las pruebas a partir de los registros practicados en el último año en empresas y en el domicilio de José María Cataluña, extesorero del PSOE valenciano y exvicepresidente de Bancaja.

Además, han aparecido facturas a nombre de Facsa, que aparece en Gürtel, o Construcciones Luján, investigada en el caso Imelsa, por servicios que en realidad se habrían prestado al PSOE de Valencia.

Informe

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado un informe al juzgado del caso Azud, la investigación que ha aflorado 20 años de pillaje en el PP y PSOE de Valencia, en el que detalla la supuesta financiación irregular de los socialistas con un esquema que imitaba el mismo modelo que usó la trama Gürtel para financiar al PP, tal y como publicó EL ESPAÑOL.

[El PSOE montó su propia 'Gürtel' en Valencia con el mismo sistema y empresas que financiaban al PP]

Así, las constructoras pagaban facturas a proveedores por trabajos de publicidad que en realidad correspondían a servicios prestados para el PSOE. Además, abonaban los productos de merchandising personalizado con las caras de los candidatos y muchos de ellos correspondían a Alborch.

Los pagos permitían aumentar considerablemente el gasto destinado a las campañas y las empresas obtenían una posición de ventaja en adjudicaciones de administraciones socialistas.

Según el informe, al que ha tenido acceso este periódico, Gigante formaba parte de un conjunto de empresas que la trama usó para generar más de 7 millones de euros en efectivo, y la Guardia Civil ha descubierto que con ese dinero se pagaron facturas para repartir 80.000 chapas, 125.000 globos blancos, 125.000 globos rojos, 5.300 llaveros y 1.028 kilos de caramelos con la imagen de Carmen Alborch.

"De los correos y documentos analizados en este apartado se evidencia que, por parte de la sociedad Cronosport, se recibió un encargo proveniente de Contexto Moda y Comunicación para confeccionar algunos artículos de merchandising relativos al PSOE; así como que una vez efectuados, parte de los mismos fueron facturados a la sociedad Gigante", concluye ahora la Guardia Civil.

Además de las facturas relacionadas con la campaña de Alborch, los agentes han descubierto que el PSOE pagó supuestamente con el mismo método diversas facturas de la campaña autonómica socialista en 2007 o de servicios que en realidad fueron prestados a Juventudes Socialistas de Valencia.

Respecto a las generales de 2008, los investigadores han descubierto que se pagó con el dinero de las empresas productos de publicidad de la campaña de María Teresa Fernández de la Vega. 

El informe fue elaborado en julio, pero el juzgado ha mantenido hasta ahora el secreto en esta pieza separada del caso Azud. El caso le estalla a Ximo Puig a cinco meses de las elecciones y con las encuestas augurando un empate técnico entre bloques.

Los conseguidores

Los dos socialistas que negociaban con las empresas eran Cataluña y José Luis Vera, el exmagistrado de la Audiencia de Valencia que el PSOE colocó en 2015 en la Diputación para perseguir la corrupción del PP, según el informe. El número dos de la lista de Alborch era Rafael Rubio, subdelegado del Gobierno en Valencia hasta que en mayo de 2021 fue detenido por estos hechos.

Las empresas y el PSOE habrían "desarrollado una dinámica de funcionamiento consistente en el pago de comisiones a diferentes cargos públicos, ello con el objetivo de obtener decisiones favorables a sus intereses económicos provenientes de diferentes Administraciones públicas", según la Guardia Civil.

La constructora Gigante abonó la factura el 7 de mayo de 2007, días antes de que empezar oficialmente la campaña electoral. Además, la investigación ya descubrió que Gigante también pagó de manera irregular 102.000 euros de la campaña de Unión Valenciana, un partido regionalista que acabó integrado en el PP, para quitar votos a la candidatura de Francisco Camps.

El candidato socialista a la Generalitat era Joan Ignasi Pla. Ni Pla ni Alborch lograron imponerse a Camps y Rita Barberá.

La mayoría de los delitos han prescrito y las defensas de los imputados subrayan que el asunto no tendrá ningún recorrido en los juzgados. Pero la Fiscalía Anticorrupción trata de articular los hechos como un supuesto cohecho para poder celebrar el juicio.

Pelotazos urbanísticos

Esta práctica se habría desarrollado al menos entre los años 1999 y 2013, "a lo largo de los cuales se investigan varias operaciones concretas, principalmente urbanísticas, en el marco de las cuales presuntamente se habría actuado por parte del Grupo Axis", propiedad del empresario Jaime Febrer.

Una de estas operaciones concretas que cita el informe es el Programa de Actuación Integrada El Espartal, desarrollado por Jaime Febrer en Xixona (Alicante).

El desarrollo de este PAI se prolongó durante un amplio periodo temporal, "que se inicia en el año 2004 y cuya investigación se prolonga al menos hasta el año 2008".

Durante este tiempo, uno de los problemas que se debía de solventar es la relacionada con la necesidad de justificar la suficiencia de recursos hídricos, un "aspecto problemático dada la escasez" recursos hídricos en la provincia de Alicante".

El PSOE estaba en el Gobierno y Cristina Narbona era la ministra de Medio Ambiente. La solución que se encontró fue "la firma de un convenio entre la empresa pública estatal Acuamed y el Ayuntamiento de Xixona, cuyo objetivo era la ampliación de la desaladora de Muchamiel-Campello, de tal manera que el incremento de producción se destinase a abastecer la localidad de Xixona", dice la Guardia Civil.

A cambio, se acordó el pago de una comisión de dos millones de euros. "De estos, 1 millón de euros tendría como destinatario al propio José Luis Vera y 1 millón el partido político al que este se encuentra estrechamente vinculado, es decir, el PSOE", según la Guardia Civil.

Ese millón de euros sirvió para financiar parte de la campaña de Alborch y los actos autonómicos del PSOE.

Los papeles de Cataluña

La Guardia Civil halló en los papeles de José María Cataluña anotaciones de su puño y letra que los investigadores atribuyen a donaciones de empresas en B. Igualmente, guardó durante años varios cuadernos con referencias a concursos de agua o basura de municipios valencianos gobernados por el PSOE que se habrían amañado años después.

Entre las compañías que han aparecido en esta documentación figuran Facsa o Lubasa, ambas condenadas por la financiación irregular del PP de Valencia; o las sociedades del empresario Javier Luján, investigado en el caso Imelsa y por la ejecución de los sobrecostes en la construcción de colegios a cambio de supuestos sobornos a dirigentes del PP.

También aparece la multinacional Acciona. La compañía figura en otras investigaciones, como la de la financiación irregular del PP de Madrid, y una de sus filiales abonó 1,7 millones de euros al abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa Barberá, por el contrato de la limpieza de las alcantarillas de Valencia, según consta en otra pieza del caso Azud.