Más leña al fuego. El reciente y controvertido nombramiento de Leticia Sanchiz Becquet como directora general de Producción Agrícola de la Comunidad Valenciana, un alto cargo nombrado por Vox en el Ejecutivo regional, ha servido este jueves a la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial para volver a la carga contra la macrogranja de la localidad albaceteña de Balsa de Ves, de la que es propietaria el Grupo Sanchiz. Leticia Sanchiz, gerente de la empresa promotora de este polémico proyecto albaceteño, ha sido noticia en las últimas semanas por tener numerosos intereses empresariales en el área de producción agrícola y ganadera del que precisamente se va a ocupar en el gobierno de la Comunidad Valenciana.
Uno de esos intereses es precisamente la macrogranja de Balsa de Ves, que cuenta con una fuerte oposición vecinal y viene siendo objeto de polémica desde hace varios años, hasta el punto de que el proyecto fue sancionado en 2020 con 3.000 euros de multa por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por "vertidos excesivos de purines", una situación denunciada por la propia Coordinadora Estatal. Los vecinos contrarios a esta iniciativa se reunieron en asamblea el pasado 15 de septiembre para mostrar su rechazo e inquietud ante la ampliación de la macrogranja gracias a una autorización concedida en agosto de 2021 por el propio Gobierno castellano-manchego.
Tal como denuncia la Coordinadora Estatal en un comunicado difundido este jueves, la ampliación autorizada consiste en la construcción de una nueva nave de recría de 1.536 cerdas de 20 a 119 kilos, a 400 metros de las naves ya existentes que ya acogen a 2.500 madres y 66.000 lechones, según los datos difundidos por esta entidad que lucha contra las macrogranjas. El temor de los vecinos de La Pared, pedanía de Balsa de Ves, se centra en los vertidos de purines "que se sufren cada día" y al alto consumo de agua de la macrogranja, puesta en marcha en 2006, cuando el pueblo en verano tiene que abastecerse con cisternas. La situación indigna fuertemente a los afectados en La Pared.
Según Inma Lozano, portavoz de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, “la ley facilita despropósitos como los de Balsa de Ves, que se pueda construir una planta de biogás con una modificación no sustancial, o que ahora se apruebe una nave de recría externa que en realidad parece ser una nave de engorde”. Añade que “a pesar de que hay estudios oficiales que demuestran la responsabilidad de la ganadería industrial en la contaminación de los acuíferos las Administraciones públicas siguen fomentando este modelo y beneficiando a grandes grupos empresariales como el grupo Sanchiz, que, aparte de su poder económico ahora suma el poder político mediante la figura de Leticia Sanchiz”.