Mientras escribo estas líneas oigo de fondo disparos de escopeta, algo normal si tenemos en cuenta que estamos en temporada y que resido en un pueblo serrano con algún que otro coto de caza. También forma parte de la normalidad la invasión de caminos públicos, y también de fincas que no forman parte de coto alguno, por parte de los cazadores, a veces a bordo de autos todoterreno con pequeños remolques en los que llevan enjaulados perros. Esto ocurre a diario en estos meses, si bien es cierto que es durante los fines de semana cuando la presencia de estas cuadrillas de hombres armados se hace más notoria. También forma parte de la normalidad los miles y miles de cartuchos que quedan arrojados en el campo, eso sin contar los menos perceptibles perdigones de plomo, estos se podrían contar por millones en cada temporada, y que finalmente realizan su contacto con las aguas de lluvia, para filtrarse a los acuíferos. Estamos hablando entre 24 y 56 gramos de plomo por cartucho, y que, en el caso de cobrarse pieza, pongamos una perdiz, apenas tres o cuatro perdigones dan en el blanco, los demás quedan en el campo. Al parecer hay 106.000 escopetas en la región, eso sin contar las que vienen de otras regiones, como es el caso de Madrid.

Otros restos visibles del paso de la tropa, y lo digo por la vestimenta que suelen llevar, son latas de cerveza o zumo, latas de conservas, bolsas de plástico, cajetillas de tabaco, clínex y papeles de aluminio. Otra secuela de cada temporada, no solo en la sierra en la que resido, son los perros abandonados por sus dueños, cuando no rinden lo que se les exige. El abandono de estos animales, que, como instinto de supervivencia se agrupan en pequeñas manadas, acarrea algunos problemas para quienes viven en la zona, y que sería prolijo detallar.

Con lo anterior puede deducir el lector que no soy entusiasta de este ocio, tan representativo, dicen ahora, de la idiosincrasia española. No tengo, como mi amigo Pedro López Gayarre, una visión bucólica ni economicista de la caza, y mucho menos después de escuchar o leer los argumentos que se están manejando, en particular a raíz de unas declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en las se manifestaba partidaria de prohibir este ocio tan contaminante y agresivo. Vaya por delante que no soy partidario de prohibir la caza, pero sí de su reglamentación, para reducir riesgos, contaminación y que no suponga, como ahora, la invasión del campo por parte de grupos paramilitares desplegados, como un ejército en maniobras. Las premisas de las que parten en Castilla-La Mancha, tanto PSOE como PP, en su defensa del negocio cinegético, tienen contradicciones, y se utilizan cifras y datos que no tienen apoyo ni soporte en registros oficiales, pero más adelante retomo este asunto.

Al escuchar al presidente del gobierno regional utilizar como argumento de peso, para la defensa de la caza, el medio ambiente, he recordado, por asociación de ideas, el contencioso de Cabañeros, con el argumento del medio ambiente en el debate. Para los lectores más jóvenes haré un breve resumen de aquello. Hubo un tiempo, hace poco más de treinta años, en que el Ministerio de Defensa compró una gran finca en la provincia de Ciudad Real, con la finalidad de convertirla en polígono de tiro para ejercicios del Ejército del Aire. Se trataba de la finca de Cabañeros, situada en el valle del río Bullaque, en Ciudad Real, con 24.144 hectáreas de extensión. Es una de las fincas más grandes de Europa y que, por su riqueza en flora y fauna, constituía y constituye un ecosistema único. La intención del Ejército del Aire era utilizar 16.579 hectáreas como campo de tiro. La finca ya tenía fama por el gran coto de caza que albergaba, con una población de varios miles de ciervos, además de abundantes corzos y jabalíes. Otra singularidad de Cabañeros la constituye su colonia de buitres negros, la mas importante de Europa según los expertos. La zona serrana de este gran parque natural cuentas con varios millones de alcornoques, encinas y fresnos, además de arbustos propios de la flora mediterránea.  

El proyecto de convertir Cabañeros en campo de tiro para la aviación militar contó pronto con la oposición del gobierno regional, a cuyo frente estaba José Bono, que argumentaba, precisamente, la preservación de un espacio con una biodiversidad única y necesaria para nuestro país. Por parte del Ministerio de Defensa, su titular entonces, Narcís Serra, hacía una defensa cerrada de la necesidad militar de la finca comprada. Fue en un programa de humor de TVE, realizado por el grupo catalán La Trinca, donde el ministro dio un salto cualitativo y utilizó la preservación del ecosistema como argumento, es decir, que los animalitos se iban a acostumbrar a las bombas y proyectiles, y que la conservación del medio ambiente estaba garantizada, con lo cual se contribuía y mucho a la lucha ecologista. Al escuchar aquello llegué a pensar que el ministro no era el ministro sino un imitador, quizás Millán Salcedo, por entonces en la cresta de la ola con la célebre pareja de Martes y Trece.  

Al escuchar ahora el argumento del medio ambiente, para defender el negocio cinegético, tanto al presidente regional como a la portavoz socialista en las Cortes regionales, así como a dirigentes del PP, he recordado aquella intervención de Narcís Serra, que se realizaba con toda seriedad, pero en un programa de humor. Ahora nos amenazan con una nueva Ley de Caza de Castilla-La Mancha, y me preocupa que se haga al rebufo de este renacimiento de españolismo ramplón que encabezan los señores Casado y Aznar, que conlleva también la defensa de otros “valores” propios de España, como el catolicismo más ultra, la derogación de la ley del aborto, el rechazo visceral de los inmigrantes, la liquidación del estado del bienestar, además de derogar a perpetuidad la autonomía de Cataluña. Si es necesaria una otra ley de caza, cosa que dudo, que la hagan escuchando a todos los sectores implicados, no solo a los cazadores, y que no utilicen datos falsos ni argumentos que suponen un insulto a la inteligencia, como lo es el de la “garantía medioambiental”. Lo primero que debería hacer el gobierno regional es dar una explicación creíble acerca de los datos y cifras que maneja, con fuentes contrastadas y ponerse de acuerdo con su propio partido. Sin ir más lejos, el señor García-Page habla de 364 millones de euros aportados al PIB regional y 8 millones de euros en tasas e impuestos, mientras que la portavoz parlamentaria del PSOE habla de 634 millones de euros generados y 57 millones de euros en tasas e impuestos. Puede que haya habido un baile de cifras, o que se hayan añadido dos o tres dígitos a la derecha en algunos casos, pero nadie lo ha corregido hasta ahora. Se nos habla también de 24.000 empleos al año, sin que sepamos tampoco de donde salen esas abultadas cifras, y de que 10.000 de ellos lo son directos.

Como este argumentario de los empleos es el más populista, me ha llamado la atención y no dejo de darle vueltas y preguntarme donde se encuentran esos puestos de trabajo, pues no creo que existan más allá de ocho o diez tiendas dedicadas a la venta de escopetas en toda la región, además de los guardas privados que puede haber en los grandes cotos de caza mayor y poco más, a no ser que se consideren empleos las tareas de ojeo y otras servidumbres en grandes cacerías, de un día o dos de duración, y que suelen ser mal pagados y en negro la mayoría de las veces. La industria cárnica, que no se nutre de la caza en exclusiva, tampoco aporta grandes cifras para inflar el globo. Quedo a la espera de explicaciones más precisas, y con argumentos de defensa que no partan de la idea de que los ciudadanos nos tragamos todas las explicaciones basadas en cifras y datos, y más cuando se hace desde el poder.  En esto hay que recordar que las privatizaciones en Sanidad y otros servicios públicos se hicieron, en Madrid o Castilla-La Mancha, esgrimiendo datos y cifras, del presunto ahorro presupuestario, y que a la postre se supo que eran pura invención, para convencer a los votantes de las bondades de sus recetas neoliberales, presuntamente más austeras con el dinero público.