La vida no se detiene cuando se cierra la puerta y se acaba el telediario. Más bien al contrario. El corrupto se echa a llorar pero el asesino planea el próximo crimen y el violador recrea nuevos delitos. El que no tiene nada que perder sigue perdiendo y el desgraciado que no sabe qué hace ahí maldice su suerte. La ley les metió en la cárcel, algunos salieron en la tele o en los periódicos, muchos fueron trending topic; ahora no le importan a casi nadie. El mundo les ha confinado a la prisión, como si tras esa puerta estuviera la solución a todos los problemas. Ojos que no ven... y eso. Pero allí, detrás de la puerta, en esa vida de la que nadie quiere saber nada, hay un grupo de personas que se encargan de que nuestras libertades sigan intactas. El policía y el juez han hecho su trabajo, sí, pero sin los funcionarios de prisiones el círculo quedaría incompleto.

La semana pasada, el portavoz de Interior del PP en el Congreso, el diputado ciudadrealeño J. A. Martín Toledano, reconocía parte de la responsabilidad por no haber sabido atender las justas demandas del cuerpo de funcionarios de prisiones: un Estatuto propio, una oferta de empleo público para cubrir plazas, el reconocimiento como agentes de la autoridad, medios materiales antidisturbios y las mejoras económicas prometidas desde hace 13 años. Pero, delante del actual ministro de Interior, Martín Toledano dijo: “Ustedes no han hecho nada”. Y es cierto que ni ellos hicieron mucho ni el PSOE ha hecho nada.

Las justas reivindicaciones de los policías nacionales que tuvieron que sofocar las revueltas separatistas amparadas por una parte de los Mossos (y la totalidad de sus responsables políticos) nos puso delante de la cara la cruel realidad de ver a un policía que respetaba la ley cobrando sensiblemente menos que aquel que, por acción u omisión, la violentaba. Y, claro, a los policías les vemos por la calle, podemos acudir a ellos si nos vemos en peligro. A los funcionarios de prisiones no les tenemos delante en en nuestro día a día, en el metro o en el estadio de fútbol, forman parte de esa vida que no queremos ver, la que hay al otro lado de la puerta, son los guardianes de la ley en un mundo que nos parece irreal. Hemos convertido la prisión en una especie de aparcamiento de malos y hemos tirado la llave al desván de nuestra conciencia.

Pero ahí están, en la última frontera, preservando el orden en mitad del caos, manteniendo encendida la luz en medio de la oscuridad. Es fácil pensar que todo se arregla con más presupuesto. Ahora que se nos echan encima una buena colección de campañas electorales, seguro que alguno de los candidatos corre a prometer unos euros de más; pero creo que casi es más importante comenzar por darles a estas personas una buena dosis de respeto dignidad, reconocer que como sociedad no podemos seguir mirando para otro lado. No es normal que la media de edad de los funcionarios de prisiones ronde los 50 años, que tengan unos guantes que parecen sacados de una tienda de saldos o que, por ejemplo, no reciban formación para la prevención de los fenómenos de radicalización yihadista.

Está muy bien que Rosa Romero y Martín Toledano se reúnan con los funcionarios de Herrera de la Mancha, que Paco Núñez los reciba en las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha y que el Grupo Parlamentario Popular haya dado el paso de pedir formalmente en el Congreso su reconocimiento como agentes de autoridad. También representantes de PSOE, Podemos, Ciudadanos, Vox o Compromis se han reunido con ellos. Pero es hora de dar un paso definitivo, pasar de las palabras a los hechos y promover el reconocimiento público que merecen los funcionarios de prisiones. Del actual ministro de Interior no parece que vaya a venir ese reconocimiento. Hace un par de meses, se despachó con la siguiente afirmación: “Debemos de garantizar todos: funcionarios, políticos y responsables políticos el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los internos; y en algunas comunicaciones, bajo criterios no muy identificables pero tampoco muy respaldables, se han visto privados de ese derecho, los más débiles, los internos”. ¿De verdad el ministro piensa que los más débiles son los internos? Tiene uno la sensación que un tipo condenado por dos asesinatos que la emprende a cuchillazos contra unos funcionarios de prisiones no pasa por ser el eslabón más débil de la cadena. Pero si es grave que eso lo diga un ministro de Interior, casi es peor que lo afirme un juez que sabe perfectamente el trabajo denodado que hacen diariamente los funcionarios de prisiones. Su lucha debe ser la de todos. Es hora de dejar de mirar hacia otro lado, la realidad de la que ellos se ocupan existe, el mal existe –aunque sea como privación de un bien debido, si me aceptan el axioma filosófico-, y ya no caben más excusas. Ellos son los débiles y su causa debe ser la de todos.