Hay una evidente sensación de que la política regional lleva tiempo funcionando al ralentí en Castilla-La Mancha. Es como si una acumulación de problemas y acontecimientos en cascada hubieran puesto el piloto automático y la gestión pública de la Junta de Comunidades se hubiera quedado en lo meramente administrativo y burocrático pero sin mayor impulso político: el bloqueo primaveral de los presupuestos regionales, la posterior aprobación tras la entrada de Podemos en el Gobierno de Emiliano García-Page, la reelección otoñal del propio Page como secretario general del PSOE castellano-manchego y, finalmente, la fuerte crisis catalana parecen acontecimientos que han desviado la atención de los problemas reales de la región y es como si todo se hubiera detenido a la espera de los acontecimientos.

El nuevo curso político está muy avanzado ya y el horizonte parece despejarse poco a poco de este tipo de crisis y problemas, de manera que el Gobierno de Castilla-La Mancha, metido ya en la elaboración de los presupuestos de 2018, necesita poner una quinta marcha y darle impulso y velocidad a su gestión con vistass al último tramo de la legislatura. Queda poco más de un año y medio para las elecciones autonómicas de mayo de 2019 y es necesario pisar el acelerador y afrontar algunos de los importantes problemas que aún están en vías de solución: educación, sanidad y servicios sociales son los tres pilares básicos de la Administración autonómica y parece evidente que hay muchos problemas por resolver, y ello sin citar por ejemplo las todavía elevadas tasas de paro y de pobreza sobre las que hay que trabajar intensamente en Castilla-La Mancha.

Somos conscientes de las dificultades que está teniendo esta legislatura para el Ejecutivo de Page y de la voluntad de presidente de la Junta para mejorar y hacer crecer a la región, pero también hay que reconocer que había muchas expectativas que no se están cumpliendo y que queda mucho por hacer en poco tiempo.