Asistimos en estos días a un fuerte choque institucional entre la Universidad de Castilla-La Mancha y el Gobierno regional que preside Emiliano García-Page a cuenta de la financiación de la institución académica. No es el primero en las últimas legislaturas, pero sí parece uno de los más importantes, con un duro cruce de acusaciones entre el rector, Miguel Ángel Collado, y el portavoz del Ejecutivo, Nacho Hernando, que se han lanzado algunos reproches mutuos de notable gravedad. La situación ahora mismo es de alta tensión: desde la propia Universidad se anuncian movilizaciones mientras el rector habla de "deslealtad" y "máxima inquietud y malestar" y el Gobierno regional acusa a la institución académica de "chantajear y meter miedo". En el Ejecutivo de Page también están muy molestos y sorprendidos por la actitud de la cúpula universitaria, a la que acusan de incumplir los acuerdos alcanzados y actuar frivolamente en un asunto tan serio y de tanto calado.

En síntesis, la Universidad de Castilla-La Mancha reclama a la Junta de Comunidades un presupuesto de 160 millones para 2018 frente a los 140 millones acordados y recogidos en el proyecto de ley de Presupuestos del próximo año, una diferencia sustancial y multimillonaria que se está ventilando de forma pública y que ha enturbiado las generalmente buenas relaciones institucionales entre ambos estamentos. Cada uno echa sus propias cuentas, pero en el Gobierno regional no ocultan su asombro por una subida tan espectacular y repetina de 20 millones de euros, cuando aseguran que el acuerdo era de alcanzar los 140. Sea como sea, algunos sectores de los estudiantes piensan sumarse a la protesta del rector y el clima de enfrentamiento entre ambas partes está en plena escalada en estos momentos. El rector asegura que si no se alcanzan los 160 millones será necesario un fuerte recorte a todos los niveles, algo que en la Junta no entienden cuando se pensaba que los 140 millones garantizaban la sostenibilidad financiera de la institución académica.

Siempre hemos defendido a la Universidad como una institucional imprescindible para Castilla-La Mancha así como la necesidad evidente de que cuente cada año con un presupuesto suficiente para cumplir con su alta misión en nuestra comunidad, pero suele ocurrir que, llegado el momento de elaborar los presupuestos, surgen diferencias significativas que llevan a este tipo de indeseables enfrentamientos. En este momento, la situación parece especialmente grave y los cauces de diálogo se enturbian con actitudes altisonantes. Nos preguntamos si no sería posible establecer fórmulas fijas que garanticen en el tiempo la estabilidad económica y financiera de una institución tan importante como la Universidad, bien mediante un contrato-programa como plantea el consejero de Educación, Ángel Felpeto, o a través de otro tipo de instrumentos legales que impidan esta incertidumbre actual.

En todo caso, no nos gustan este tipo de choques tan desagradables como el que estos días viene sucediendo y menos con la Universidad regional por medio, una entidad fundamental en el presente y el futuro de Castilla-La Mancha a la que tanto queremos y respetamos. Más allá del clima de tensión y malestar de estos días, creemos necesario que la Junta y la Universidad flexibilicen sus posiciones con el objetivo de favorecer un diálogo ahora mismo deteriorado pero tan saludable como positivo de cara a un posterior y exigible entendimiento. Nuestra simpatía y cariño por la Universidad regional, tantas veces reiterada, nos lleva a reclamar de la Junta de Comunidades y del propio rector, a la mayor urgencia posible, un escenario estable para la financiación y el normal funcionamiento de la institución académica.