La Directiva Marco del Agua (DMA) de la UE, aparecida en el año 2000, se planteó como objetivos generales detener el deterioro de las aguas dentro de la Unión y conseguir un buen estado de los ríos, lagos y aguas subterráneas europeas para 2015. Las medidas a tomar para conseguir estos objetivos, según expone la directiva, eran: la protección de todas las formas de agua, la regeneración de los ecosistemas de dentro de estas masas de agua y sus alrededores, la reducción de la contaminación en estas y la garantía de un uso sostenible del agua por parte de los particulares y las empresas. Como todas las directivas europeas, en la DMA se establecía un plazo para que los países miembros la traspusieran a sus respectivos ordenamientos jurídicos. España lo hizo en el 2003, modificando su texto refundido de la Ley de Aguas para adaptarse a lo establecido en la DMA.

Pasados 18 años desde su aparición, la Comisión Europea se está planteando la reforma de dicha directiva, por lo que ha decidido lanzar una encuesta destinada a los ciudadanos y a las partes interesadas para que expresen sus puntos de vista sobre la eficacia o no a la hora de cumplir sus objetivos. La Comisión también aprovecha para consultar acerca de sus directivas hermanas: la Directiva sobre aguas subterráneas, la Directiva sobre normas de calidad ambiental y la Directiva sobre inundaciones.

Más de cien asociaciones ecologistas de toda Europa, incluida la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, se han unido a la campaña #ProtegeTuAgua promovida por el movimiento ciudadano Living Rivers Europe, ofreciendo en sus páginas web respuestas ya determinadas según su criterio para las preguntas que se formulan en la encuesta, encaminadas a que la Comisión Europea se eche atrás en su idea de modificar la DMA.

Según las respuestas que dan en la encuesta, estas asociaciones reconocen que la situación actual de las aguas europeas no es buena. Abogan por la conservación de los ecosistemas y dan prioridad al uso del agua para abastecimiento, frente a la destinada a la agricultura, la industria, el transporte o la producción de energía. Consideran que, en la actualidad, no se está realizando una gestión adecuada y sostenible del agua, principalmente porque los Estados Miembros hacen un uso abusivo de las excepciones que permite la DMA. También critican los planes hidrológicos de cuenca, pues se basan en medidas voluntarias a menudo sin ni siquiera financiación prevista. Además, según estas asociaciones, los grandes consumidores y contaminadores del agua no pagan la parte que les corresponde según el principio de quien contamina paga.

A pesar de todo lo anterior, sí consideran que la gestión del agua ha mejorado gracias a la DMA y la Directiva sobre inundaciones, al establecerse estructuras de gestión sólidas y mejorar el conocimiento sobre la situación y las presiones a las que están sometidas las masas de agua. También ha habido una mejora en la transparencia de la gestión, en la participación pública y en la cooperación transfronteriza entre países que comparten cuencas fluviales. Creen que la calidad ambiental de las aguas superficiales y subterráneas en nuestro país ha mejorado desde la DMA.

Respecto a la contaminación de agua, responsabilizan de nuevo a la agricultura por el uso excesivo de plaguicidas, abonos y estiércol, y a la industria minera por la presencia de metales pesados en nuestras masas de agua, aunque reconocen que gracias a la DMA se ha reducido la presencia de fosfatos y amonio procedentes de aguas residuales y de la industria en la mayoría de ríos y lagos de Europa. Los cambios físicos, debidos a infraestructuras, también afectan a la calidad de las masas de agua europeas, al igual que las extracciones ilegales no reguladas desde los acuíferos.

En definitiva, las ONGs integradas en la campaña #ProtegeTuAgua consideran la DMA y sus derivadas eficaces a la hora de cumplir con sus objetivos, pero recalcan que los estados miembros no han sido exigentes a la hora de implementar las medidas que paliarían las presiones a las que se enfrentan nuestros ecosistemas acuáticos.

Ni que decir tiene que en Castilla-La Mancha es aplicable todo lo que comentan las organizaciones ecologistas. La agricultura, tan necesaria para la economía de nuestra región, contamina acuíferos con plaguicidas y nitratos. Las sobredimensionadas e incontroladas extracciones de agua para regadío, tanto legales como ilegales, esquilman un recurso que es escaso y que, con el cambio climático, tendrá una disponibilidad más irregular. En una tierra donde el cultivo tradicional ha sido el de secano, se ha pasado de unos 1.500 pozos en los años 60 del siglo pasado, a los 70.000 actuales (cifra que debe ser bastante superior considerando los ilegales). Tenemos un ejemplo claro de ellos en las fincas que rodean a las Tablas de Daimiel y que las llevan año tras año al borde del colapso. El río Tajo llega a ciudades como Talavera de la Reina y Toledo tras haber recogido toda el agua contaminada de metales pesados y compuestos químicos diversos (incluidos medicamentos, sustancias cancerígenas y drogas) provenientes de las industrias y depuradoras de Madrid y Aranjuez. Contamos además con el trasvase Tajo-Segura que impide que los caudales ecológicos y las condiciones físico-químicas de ambos ríos sigan su ciclo natural.

Pues bien, contra esos usos insostenibles del agua la DMA se presentaba como una solución integradora para todos los territorios de la Unión Europea. Modificarla (a peor, se entiende) significaría retroceder casi 20 años en la gestión de las masas de agua continentales. Teniendo en cuenta que la población no deja de aumentar, y con ella las necesidades de abastecimiento de agua y la creación de industrias y servicios que emplean y asisten a esas personas, el reto va a ser cada vez mayor. Sumemos a eso los efectos presentes y futuros del cambio climático. Sin duda, será de vital importancia más protección para nuestras masas de agua, y eso no se va a conseguir con una Directiva Marco del Agua esquilmada y debilitada por los intereses de unos cuantos. Porque aquí y ahora nos la jugamos todos.

Manuel Rodríguez de la Cruz es responsable del Área de Medio Ambiente de IU Castilla-La Mancha