Lo acaba de hacer público el Ministerio del Interior: cuatrocientos cincuenta y cuatro mayores desaparecidos entre 2010 y la actualidad siguen en paradero desconocido. En la mayoría de los casos no se ha vuelto a tener noticia de ellos desde que sus nombres y las circunstancias de su desaparición fueron recogidas en la correspondiente denuncia interpuesta por sus familiares. El dato, escalofriante por su magnitud y que adolece de ese estado de letargo y congelación consustancial a la ciencia estadística. Los dígitos aguardan en el Informe 2019 sobre Personas Desaparecida, publicado el pasado 4 de marzo por el CNDES (Centro Nacional de Desaparecidos), a ser rescatados y puestos en conocimiento de la sociedad. Aguardan a tener un lugar no ya en la opinión sino en la conciencia pública. Es de desear que en la recién inaugurada web del CNDES, a la fatídica cifra se añada la relación completa de esas 454 personas, el detalle del día y del lugar en que se les perdió el rastro. Hacerlo comportaría una señal de respeto hacia su existencia, truncada un día de manera fortuita por la mano invisible del Alzheimer o de alguna otra enfermedad neurodegenerativa. Hacerlo sería una demostración de empatía hacia sus familias y una manera de evitar que sean definitivamente condenados a la condición de invisibles. Es lo mínimo, un gesto de humanidad mientras dure la espera. Es cierto que en algunos de esos casos se organizaron en su día batidas, con Policía o Guardia Civil, con la Etrzaintza, los Mossos o la Policía Foral , y con voluntarios de Protección Civil y ciudadanos solidarios. Es cierto, y resulta esperanzador que se hayan ido incorporando cada vez más tecnologías y métodos avanzados de búsqueda, junto a un esfuerzo creciente en la formación . Es de reconocer el paso formidable que puede suponer la implantación de la Alerta Mayor Desaparecido, comprometida por el propio Ministro del Interior el pasado 4 de marzo. Pero todo ello no puede dejar de lado el enorme desafío que representan los 454 mayores desaparecidos y no localizados. Es imperativo poner en marcha, con la colaboración de todos, un Plan de Rescate. Porque, en verdad, lo que las familias reivindican es el legítimo derecho a recuperar los restos de sus seres queridos, allá donde se encuentren, poder darles una sepultura digna y resolver su inacabado duelo. No cabe otra expectativa, ni fantasía alguna sobre que hayan podido conservar la vida, dadas la extrema fragilidad que comportaba su patología y el tiempo transcurrido. No caben dudas sobre el trágico final al que lamentablemente se habrán visto abocados, a tenor de la dramática realidad constatada semana a semana con el hallazgo de uno o dos fallecidos, como media, entre los mayores desaparecidos. Hallazgos en muchos casos fortuitos y casi siempre en el escaso radio de uno a cinco kilómetros de su propio domicilio o de la residencia en la que estaban ingresados.

La Fundación QSDglobal, alarmada por este goteo de muertes, organizó en noviembre de 2017 el “Foro Mayores a Salvo” en la sede central del IMSERSO y con su colaboración. Sin embargo, el compromiso de una gran campaña de comunicación para alertar sobre este riesgo quedó en agua de borrajas. Ha tenido que ser la iniciativa privada la que recientemente ha hecho posible una acción de concienciación a gran escala a través del programa LOS INVISIBLES, aún en desarrollo. A la vez, el CNDES ha incluido en el llamado Plan Mayores, de la Policía Nacional, unos folletos que bajo el título “Evitémoslo” aluden al citado riesgo. La suma de todo ello representa un progreso cierto respecto de la situación anterior, pero está muy lejos de las necesidades objetivas derivadas del hecho incontestable del envejecimiento de la población, y, asociado al mismo, el incremento exponencial de afectados por enfermedades neurodegenerativas. El Centro de Referencia Estatal de Alzheimer y otras demencias (CREA) estima que en 2020- es decir, el año que viene- habrá que contabilizar en nuestro país 1.350.000 casos de Alzheimer. Un cálculo que llevará aparejado inevitablemente el incremento de las desapariciones causadas por desorientaciones momentáneas, sobre todo en los estadíos iniciales de la enfermedad, que derivan en accidentes o en exposiciones al frío o al calor con final de muerte. Y si sabemos que esto puede ocurrir, nada justifica que no se activen medidas de prevención proporcionales a la dimensión del riesgo. Es algo que no existe en otras casuísticas de desaparición; en ésta sí. De modo que prevenir es sinónimo de salvar vidas. No hacerlo es aceptar una mortalidad sobrevenida de nuestros mayores, su desolado final en cualquier descampado, y puede que con el añadido de que sus cuerpos no sean recuperados jamás. Llegados a este punto, habrá que preguntar y pregunto ¿ qué número de muertos habrá que sumar para que se declare como emergencia humanitaria esta ignominia?. La dignidad de nuestros mayores, la dignidad de sus dolientes familias y nuestra propia dignidad como sociedad están en juego. Es hora de mirar a esas otras cunetas y de restaurar, frente al olvido, el derecho a un abrazo último a esos 454 mayores nuestros, desaparecidos y abandonados quién sabe dónde, en la intemperie de la desmemoria colectiva. Hay 454 razones para que no tardemos ni un minuto más en hacerlo. 454 razones con nombres y apellidos. Estremece la sola contemplación de los carteles desde los que nos miran (http://www.qsdglobal.com/category/desaparecidos/mayores-a-salvo/) María del Pino Deniz, Francisco Rojo, Cándido Wandelmer Casado,Juan Mariscal, Martina Barruetabueña, Julio Félix Fernández, Joaquin Gómez Largo, José María, Celestino Benéitez, Johann Schlinder, José Luis Fernández, Petra Lara, Antoni Estrada, Alfredo Rodríguez, Julio Fernández, Martos Borrayo… y así hasta sumar 454. Nos miran, sí, y su mirada repite una misma pregunta ¿acaso se ha olvidado nuestro derecho a ser buscados?

Paco Lobatón

© Fundación Quién Sabe Dónde global

Marzo 2019