Aprovechando que en los próximos días retomaré mi trayectoria profesional, me gustaría despedirme compartiendo algunas reflexiones que surgen como consecuencia de los acontecimientos de las últimas semanas. No hablaré en nombre propio, puesto que el trabajo desarrollado no es fruto del sentir de una persona sino de un trabajo sólido y coherente de un equipo completo que aúnan sus voces en este artículo.

Los más de diez años de crisis económica han tenido consecuencias profundamente graves, pero la más sustancial ha sido evidenciar que en este país y en esta región no existía ningún sistema de protección para asegurar lo mínimo para la supervivencia de miles de familias. Así, la población, en los momentos más graves de la crisis económica, quedó abandonada a su suerte. Desafiamos una realidad que mostraba que Castilla-La Mancha es la quinta comunidad autónoma con la mayor tasa de pobreza relativa de España que afecta a casi el 38% de los menores de la región y la última comunidad en cobertura del sistema de rentas mínimas.

“El que no arriesga, no gana”. Esta creencia popular es inspiradora para afanarse en retos, metas, y compromisos. Aun sabiendo que la senda a recorrer no estaba exenta de obstáculos, y siendo conscientes de que los momentos de dificultad iban a estar muy presentes en cada paso que se diera, decidimos intentarlo. Ciudadanos de “a pie”, de espacios profesionales y trayectorias distintas, que indignados ante la situación en la que vivían vecinos, amigos y compañeros deciden dar un paso adelante. El compromiso de mejorar las condiciones de vida de los castellano-manchegos nos llevó a estar dispuestos a arriesgar con lo inusual, por ello, entramos en el Gobierno y asumimos la responsabilidad y el encargo, siendo muy conscientes de la posibilidad de fracasar.

Logramos alcanzar un Proyecto de ley justificado, minucioso, atendiendo a cada uno de los actos del procedimiento legislativo en tiempo, forma y contenido, participado no solo con las organizaciones de la sociedad civil, sino también, y de manera permanente, con las consejerías implicadas. Pero lo realmente esencial es que la nueva política propuesta de Garantías de Ingresos y Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha, si se hubiera implantado, tendría un impacto 10 veces superior a la actual renta mínima, beneficiando a más de 92.000 personas y generando más de 1.000 puestos de trabajo a tiempo completo, dinamizando así, la economía de la región. Este aumento en la cobertura no sería fruto de la casualidad, sino de la intencionalidad de convertir una ayuda en un derecho.

Así, el pasado 12 de febrero el Consejo de Gobierno asumió el compromiso de llevar a las Cortes el Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas manifestándolo a través de su aprobación. El compromiso adquirido en esta fecha no es un compromiso con nosotros, no es un compromiso con PODEMOS, es un compromiso con la gente, con las familias y con el presente y el futuro de esta región.

Sin embargo, en las últimas semanas, las informaciones vertidas por los medios de comunicación han sido, cuanto menos, confusas. El periódico La Tribuna ha informado que ya se están tomando decisiones. La primera de ellas, guardarse en el cajón los proyectos de ley de Garantías y de Participación Ciudadana, que ya tenían el visto bueno tanto del Consejo de Gobierno como del Consultivo y estaban, por tanto, listos para entrar en las cortes regionales. Añade esta misma publicación que el Ejecutivo regional ha elaborado su plan normativo para este año, en el que han desaparecido las conocidas Leyes Podemos (La Tribuna, 13 de junio de 2019).

No tramitar esta ley supone traicionar y olvidar a 92.000 personas que necesitan de protección social y económica de manera urgente y genera no pocos interrogantes, como cuál es el fin y el sentido del cambio de decisión y qué cuestiones se priorizan por delante de la protección de la población en situación de mayor vulnerabilidad.

Las pasadas elecciones autonómicas otorgaron al Partido Socialista la máxima legitimidad en forma de mayoría absoluta en las Cortes Regionales. En este contexto y ya como ciudadanía, seguimos instando al presidente, y a su equipo de Gobierno, a que cumplan con el Proyecto de Ley que ya aprobó y que ha contado con el consenso y respaldo de todos los agentes sociales implicados. Los compromisos de un gobierno adquieren valor cuando se convierten en realidades, esperamos y exhortamos al nuevo ejecutivo para que sea capaz de hacerlo.

Inmaculada Herranz. Consejera saliente del Gobierno de Castilla-La Mancha