Vaya por delante mi escepticismo de que la Escuela rural en Castilla-La Mancha consiga de una vez por todas los recursos necesarios para que el derecho a la educación que toda la ciudadanía tiene no se vea mermado por su origen, condición, circunstancias o ubicación geográfica. Y este escepticismo se sustenta en dos datos fundamentales: uno, la ausencia continuada de voluntad política por parte de los distintos gobiernos que han tenido la responsabilidad de gestionar la educación pública en nuestra región; otro, que desde el año 2009 la situación de nuestra Escuela rural sigue anclada en el debate del papel y la retórica pero sin avances significativos.

Es obvio que la Escuela rural en Castilla-La Mancha continúa sin recibir la atención y recursos necesarios para cubrir las necesidades derivadas de sus peculiaridades geográficas y demográficas. Si el problema de la despoblación sigue atenazando gravemente al medio rural, no es menos grave que la Consejería de Educación siga manteniendo los recortes educativos impuestos por los Gobiernos del PP, circunstancia que perjudica directamente a las familias y al alumnado que vive en este entorno.

Algunos datos significativos:

En el año 2011, Castilla-La Mancha tenía un total de 72 Centros Rurales Agrupados (CRAs), que aumentaron a 77 en el año 2017. Desglosados por provincias, Albacete sumaba 20 CRAs en el año 2011 y 19 en el 2017. Ciudad Real, 7 y 10 CRAs, respectivamente; Cuenca, 26 CRAs en el año 2011 y 26 en el 2017. Guadalajara, 13 y 12 CRAs, respectivamente. Y Toledo, 8 y 10 CRAs para cada uno de los años referidos. Es decir, que el cómputo total de CRAs en Castilla La Mancha entre los años 2011 y 2017, significó un aumento positivo de 5 Centros Rurales Agrupados.

Pero si comparamos estos mismos años (2011-2017) respecto del número de aulas y profesorado existente, los resultados son muy distintos y claramente negativos para la Escuela rural:

En el año 2011, el número de unidades (aulas) de los 72 Centros Rurales Agrupados de nuestra región sumaba un total de 892. En el año 2017, a pesar del aumento del número de CRAs, el total de unidades disminuyó a 681, es decir, se suprimieron 211, lo que supone una pérdida del 23,6 %.

En el año 2011, el profesorado (ordinario e itinerante) que desempeñaba su labor en los Centros Rurales Agrupados de Castilla-La Mancha representaba un total de 1.396 maestras y maestros. En el año 2017 (con 5 CRAs más), el número descendió a 1.021, es decir, se destruyeron 375 puestos de trabajo. Se perdió un 26,8 % de los recursos humanos.

Además, en el curso 2008-2009, la Escuela rural disponía de un total de 36 centros de Educación Secundaria Obligatoria en la región. En el curso 2016-2017, el número de estos centros disminuyó a 29. Es decir, se destruyeron 7 centros de Educación Secundaria Obligatoria con sus correspondientes puestos de trabajo.

Estos datos ponen de manifiesto que la financiación educativa en Castilla-La Mancha sigue sin ser suficiente, sostenida y equitativa, y demuestran que es de vital importancia aumentar las inversiones necesarias para mejorar notablemente los recursos que necesitan estos centros públicos.

Castilla-La Mancha es una región eminentemente rural. La despoblación de las localidades pequeñas ya no es el único gran enemigo de este tipo de centros, pues a ello se le ha unido la crisis y los recortes presupuestarios que han llegado con ella. Y si a esto añadimos ciertos debates y determinadas políticas educativas que proponen como solución el abandono progresivo de la Escuela rural, no es de extrañar las dudas que se generan en las familias de los pueblos y el profesorado en cuanto a este modelo de escuela.

Es preciso concienciar, insistir y alertar a todos los sectores de la comunidad educativa que si no se da un giro importante para modificar las políticas educativas que se han aplicado hasta la fecha, más allá de medidas parche y titulares de prensa, los centros rurales de Castilla-La Mancha no recuperarán los recursos robados ni podrán compensar las desigualdades de partida del alumnado, causa que sigue favoreciendo la progresiva despoblación del entorno rural.

Es responsabilidad prioritaria del nuevo Gobierno regional responder a los continuos retos que por su carácter singular se plantean en este tipo de escuela y facilitar que el derecho a la educación llegue en toda su extensión a este medio y a las personas que lo habitan. Es fundamental que desde la Consejería de Educación se articulen medidas de dotación de recursos que incrementen la estabilidad de las plantillas de los centros, además de impulsar ratios flexibles que aseguren el mantenimiento del profesorado y de unidades escolares.

El cierre de escuelas rurales responde única y exclusivamente a buscar un ahorro a costa de la educación pública, en un plan claramente preestablecido, para seguir debilitándola y destruyéndola. Una vez más, a la hora de tomar decisiones sobre las cuestiones que más afectan a la ciudadanía, solo se ponen en la balanza los números y el dinero, la educación como mercancía y los beneficios que genera. Y se trata de todo lo contrario, es decir, articular medidas de discriminación positiva para garantizar una oferta educativa y cultural equiparable a la del resto de localidades y centros educativos, así como de infraestructuras, equipamientos, servicios de transporte y comedores escolares.

Prioridad urgente: que la Consejería de Educación impulse políticas para implantar como etapa educativa el Primer Ciclo de Educación Infantil en el medio rural.

También urge un Pacto Regional para salvar la Escuela rural en Castilla-La Mancha, consensuado con los sectores de la comunidad educativa y apoyado por los partidos políticos, instituciones públicas, organizaciones y movimientos sociales, que concrete una batería de propuestas que terminen con las carencias que se siguen dando en los centros educativos rurales y contribuyan a minimizar y combatir la despoblación del medio rural.

Natalio González, responsable del Área de Educación de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha